jueves, 10 de enero de 2013

En desacuerdo con Ley de Víctimas, Wallace y Alejandro Martí



CIUDAD DE MÉXICO, 9 de enero.- El presidente de México SOS, Alejandro Martí, escribió en su cuenta de Twitter que no está de acuerdo con la Ley General de Víctimas, que fue promulgada hoy por el presidente Enrique Peña Nieto.
“Estamos a favor de la Ley General de Víctimas, pero no de esta Ley”, se puede leer en su cuenta oficial de Twitter.
El empresario señaló que “existen instituciones de atención a víctimas, pero no les han dado las herramientas jurídicas ni financieras, para su óptimo funcionamiento. Solamente contempla atender a víctimas del fuero federal, y no considera la atención a víctimas de delitos perpetrados en el fuero”, sostuvo el presidente de México SOS.
Con respecto al presupuesto destinado para las víctimas, Alejandro Martí mencionó que “no establece una distinción clara de cómo se hará la reparación del daño a las víctimas y cómo se restituirán los derechos dañados. El presupuesto destinado para la ayuda, asistencia y reparación del daño estará sujeto a lo dispuesto por el Congreso de la Unión”, finalizó.
Por la mañana, en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Víctimas, la cual contempla un Sistema Nacional de Víctimas, una Comisión Ejecutiva de Atención y un órgano de asesoría jurídica.
Por su parte, la asociación Alto al Secuestro propuso una nueva iniciativa: “Nos preocupa que además de que la ley es inconstitucional y se publica así, no cuente con recursos económicos para las víctimas. Se crea burocracia y provoca la revictimización, por eso hacemos un llamado urgente a las cámaras a corregir esta ley y anticipamos que en breve estaremos presentando la nueva iniciativa”.
La asociación que encabeza Isabel Miranda de Wallace, planteó en un comunicado que la Ley General de Víctimas “no responde a las necesidades de todas las víctimas y sus familiares”.
Por último, expresó su preocupación de que esa normatividad, a su juicio, “no alcance a cumplir con los objetivos en materia de derechos humanos, y peor aún, que se publique a sabiendas de que es inviable”, además de considerarla “inconstitucional”.

Con información de excelsior.com.mx