ACCIÓN CIUDADANA

Samuel Hernández Apodaca

@iusfilosofo

Hace algunos años un grupo amigos constituimos un corriente de opinión que llamamos Corriente de Acción Ciudadana, desde ahí pretendíamos y de alguna forma lo logramos, ser un espacio de acción política con posición acerca de los acontecimientos que se vivían en la ciudad y el país; y con acción local para contribuir a las transformaciones necesarias.

Aunque no era una expresión numerosa, logramos llamar la atención sobre diversos temas. Hoy, considero necesario que más ejercicios como esos se reproduzcan en los diferentes espacios del quehacer social, político y cultural donde nos encontremos. Organizarnos, alzar la voz, actuar para transformar; son acciones ciudadanas que debemos tener como práctica cívica.

La naturaleza y los políticos nos han hecho vivir tiempos difíciles. A los desastres naturales se suma el oportunismo político y las operaciones que desde el gobierno federal, estatal e incluso municipal se orquesta para beneficiar a empresas -de amigos o financiadores de campañas- en la reconstrucción de los espacios afectados por los sismos del pasado mes de septiembre.

Las campañas se acercan, y desde todas las esquinas no se pierde tiempo para buscar candidaturas, ya sea por los partidos que conocemos o como “candidatos independientes”, que luego sabemos de independientes tienen solo el registro. Y aunque se cansen de gritarlo, descubrimos muy pronto, que tiene más autonomía un recién nacido que sus candidaturas.

En fin, los ciudadanos estamos ahí, y en todos los momentos se ha demostrado que no es necesario pertenecer a partido político alguno o formar parte de algún organismo no gubernamental para participar de la transformación de nuestro entorno, un ejemplo muy claro fue la solidaria acción de los rescatistas sin nombre pero con rostro que se sumaron a la lucha por recuperar vidas minutos después de los sismos del 7 y 19 de septiembre.

La acción ciudadana es y será muy importante para la reconstrucción de las ciudades afectadas, por las inclemencias naturales, acciones de observación, de seguimiento, incluso de intervención, allí donde las manos del gobierno burocraticen los apoyos, será ineludible ciudadanizarlos; allí donde se canalicen los recursos, será fundamental exigir transparencia y rendición de cuentas para evitar oscurantismo y que alguien o algunos cuantos enquistados en el poder, se beneficien con los apoyos sin merecerlo.

Un ejemplo, lo encontramos la semana pasada, cuando vía Twitter el gobierno de Canadá anunció que entregaba al mexicano 1,500 casas de campaña, pero el SAT en su cuenta solo reportaba 750. Fue gracias a esta acción ciudadana que se confrontó la información y se supo lo que realmente se había donado. Ese pequeño ejemplo demuestra lo que enfrentará la reconstrucción y la necesaria acción ciudadana.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.

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México: ¿Estado débil o fallido?

Dr. Silvino Vergara Nava

“ninguna clase de expertos podrá responder

jamás a esta pregunta: ¿cómo queremos vivir?”.

Ulrich Beck

En grandes zonas del territorio mexicano que han dejado a la población a su suerte se han conformado autoridades paralelas: la constitución de un Derecho Penal subterráneo, el incumplimiento generalizado de las leyes estatales y la deficiencia y la ausencia de programas de salud y de educación, todo lo cual ha permitido catalogar a México en los últimos tiempos como un Estado fallido, aunque las autoridades gubernamentales son las primeras en oponerse a tal calificativo, desde luego, por razones políticas, cuando en realidad la primera en oponerse a esa denominación debería ser toda la población, ya que en parte hemos permitido esta realidad.

En la teoría, se ha clasificado a los Estados, de acuerdo con su eficiencia, en fuertes, débiles y fallidos (Rotberg, Robert y otros, “Lo estados fallidos o fracasados”, Siglo del Hombre Editores de Justicia, Bogotá, 2007), aunque hay otras denominaciones; sin embargo, de los primeros es de los que se han delimitado las características. Los Estados fuertes son aquellos que cuentan con una clara división de poderes, cumplimiento generalizado de la ley, otorgamiento de derechos sociales como salud, educación, alimentación, medio ambiente sano, etc. Por su parte, los Estados débiles son los que ya no dejan ver esa división de poderes salvo de manera formal y donde el respeto a la ley se encuentra en rompimiento, sobre todo a partir de los organismo estatales, que “son los primeros en incumplir con la norma” (García Villegas, Mauricio, “Jueces sin Estado”, Siglo del Hombre Editores de Cultura, Colombia, 2008), pues los derechos sociales son deficientes, por ejemplo, las instituciones de salud, los hospitales, las escuelas, las clínicas y las universidades, en donde los servicios no son muy apropiados. Finalmente, los Estados fallidos son aquellos donde no existe la división de poderes, incluso formal; existe una dictadura permanente donde los ciudadanos no tienen acceso al poder, donde el incumplimiento de la ley cae en la corrupción generalizada y en todos los niveles. Un Estado fallido cambia el rumbo de sus fines, por lo que son nulos cualquier servicio de salud, educación, alimentación, etc.; adicionalmente, son pocos los que se encuentran en posibilidades de contar con grandes fortunas, que cotidianamente son invertidas en el extranjero.

Atendiendo a esas características de los Estados fuertes, débiles y fallidos, ¿dónde queda el Estado mexicano?, es decir, ¿cómo se puede catalogar?. Desde luego, no se puede sostener que México sea un Estado fuerte. La división de poderes no es lo que todo ciudadano desearía que existiera, menos aún se puede decir que los organismo del Estado cumplen con la ley, y tampoco la población; los servicios de educación, las clínicas y los hospitales no son los apropiados. Tampoco se puede caracterizar al Estado mexicano como un Estado fallido pues es claro que hay indicios suficientes como para sostener que existe una serie de servicios de seguridad social de gran calidad, como en el caso de algunas de las universidades públicas. Esto mismo puede suceder con los centros hospitalarios, las clínicas y las escuelas, el problema quizá se pueda centrar en la división de poderes y en el respeto a la ley, donde efectivamente hay una crisis aguda. En el primer caso, es evidente la superioridad de la administración pública sobre el Poder Legislativo y aún más sobre el Poder Judicial, lo que ha provocado que las políticas públicas sean implementadas por el propio Ejecutivo y que, una vez que se encuentran en disputa judicial, sean resueltas satisfactoriamente para la propia administración federal. Además, los últimos cambios para combatir la corrupción y otros males siempre se hacen dotando a la administración pública de mayores competencias y facultades que provocan darle mayor posición sobre los otros dos poderes, a grado tal que muchas de las funciones que le corresponden al Poder Legislativo o al Judicial se llevan a cabo dentro de la administración pública, lo cual provoca una concentración aguda del poder, que es una de las batallas que pretende ganar la división de poderes para evitar la arbitrariedad.

En cuanto al respeto a la ley, es necesario señalar que son las propias autoridades las que, en primer término, la incumplen; las razones son variadas, van desde la ignorancia de los servidores públicos en sus cargos hasta las políticas de tolerancia que se implementan atendiendo a la dureza de las leyes, por último, la gran corrupción. Por parte de la población se incumple con la ley por diversas razones, principalmente, porque siempre se ha visto a la norma jurídica como una imposición, ya que no es creada por órganos y procedimientos en donde exista participación de los gobernados; además, el cumplimiento de la ley por parte de la ciudadanía no lleva a ningún beneficio, por el contrario, es una restricción a sus libertades, sobre todo porque muchas veces es mas fácil incumplir con la norma que cumplirla. Lo cierto es que en tanto no se puedan establecer lineamientos que permitan reforzar la división de poderes y el principio de legalidad, es muy difícil que México pase a ser un Estado fuerte, al contrario, cada día se debilita más.

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MUROS INTERNOS Y ETERNOS

Uriel Flores Aguayo

@UrielFA

El debate nacional gira en torno a las amenazas de Trump contra nuestro país; más que menos los líderes y grupos nacionales se han unificado en una postura de defensa de nuestros intereses, sin que medie mayor convocatoria. Es tan ruda la postura del presidente gringo, tan escandalosa, que se ha generado un consenso de rechazo a su beligerancia entre los más diversos sectores y capas de la población mexicana; de igual manera hemos recibido la solidaridad internacional. Siendo más real y peligrosa la persecutoria política contra nuestros connacionales, que si pueden verse afectados en lo inmediato, sin embargo se ha colocado el tema del muro con mayor centralidad. Hay que anotar los aspectos retóricos de este asunto, símbolo máximo del proteccionismo, en este caso de límites territoriales. Dicho muro ya existe en diversas modalidades en un treinta por ciento de la frontera norte, con un tramo similar de río y el resto con desierto prácticamente mortal. El referido muro es el emblema de un proyecto de gobierno conservador y excluyente, que no tolera al distinto o, de plano, lo utiliza para reafirmarse en su papel hegemónico y exclusivo. 

Lo más agraviante del ya famoso muro en proyecto es su costo a cubrir por nosotros de acuerdo a las inusuales condiciones fijadas por Trump; es una ofensa mayor entre la serie de insultos y amenazas que nos ha indignado el magnate metido a político sin visión de Estado ni idea democrática. La respuesta mexicana ha oscilado entre la larga tibieza presidencial, el repudio popular, las obviedades opositoras y las lúcidas argumentaciones de nuestros intelectuales. No por esperable la reacción nacional debiera minimizarse; debe reconocerse que, cálculos políticos locales aparte, la inmensa mayoría de los mexicanos hemos entendido lo que significa la renovada política imperialista y nos hemos colocado del lado de los intereses nacionales haciendo una distinción entre lo que representa el Gobierno federal y lo que valemos todos nosotros como nación.

El debate del muro nos pone ante el espejo, nos cuestiona en nuestras actitudes con nosotros mismos; qué tipo de sociedad somos es una buena pregunta. Habría que aprovechar la polémica del muro fronterizo para analizar y derribar nuestros muros sociales, raciales, sexuales, religiosos e históricos. Porque siendo honestos y realistas con nosotros mismos habría que aceptar que hemos construido algunos tipos de muros intangibles y otro tanto de muros materiales que nos alejan y aíslan. No podríamos asegurar que somos iguales ante la ley, que el poder económico no determina acceso a la justicia, que las elecciones son libres y que, quien sea, puede votar y ser votado. Sin derechos básicos, como ocurre en nuestra realidad, los ciudadanos se topan con muros y se recluyen en áreas reservadas por dinero o poder político. 

Aún reconociendo algunos avances civilizatorios, ejercicio de algunos derechos y una débil  vida democrática sigue siendo dominante el muro social que excluye a los pobres y los condena a una vida marginal y precaria. Es muy alto el muro racial que clasifica en blancos y morenos, que provee de imágenes publicitarias donde estos últimos no existen y los señala como inferiores. Tenemos el muro religioso que separa a los fieles y creyentes de los infieles e incrédulos, con la pausa de tolerancia que ha traído el papa Francisco. El muro de intolerancia contra las minorías sexuales sigue siendo muy grande y fuerte, con cerco religioso y homofobia social que trae a debate aspectos francamente anacrónicos. Hay más muros en nuestra sociedad, contra los diferentes, contra quienes no se ajustan al estatus quo, contra los disidentes, contra los otros. Estamos atravesados por una línea de intolerancia e ilegalidad crónicas  supuestamente superadas pero que, a cada rato, saltan por donde sea y lastiman nuestra convivencia. Hay muros políticos y seudo ideológicos; los primeros son más inerciales y mundanos mientras que los segundos son simbólicos pero poderosos. 

El panorama es más o menos claro para los mexicanos: nos oponemos al muro fronterizo por convicción y defensa de nuestros intereses pero también avanzamos como sociedad derribando los muros que impiden que tengamos más inclusión, armonía, paz y desarrollo.

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MEXICANOS AL GRITO DE GUERRA

Uriel Flores Aguayo

@UrielFA

Malos tiempos vienen para los mexicanos de parte de Trump y su política de proteccionismo fascista, sobre todo para nuestros compatriotas que residen en territorio Estadounidense. Básicamente nos enfrentaremos a mayores restricciones en la frontera común y una política dura contra los mexicanos sin papeles que trabajan en ese país. Lo del muro es retórica, es el símbolo escogido para aglutinar a sus simpatizantes y sintetizar su pensamiento y oferta de campaña, ahora de gobierno. El ascenso de Trump a la presidencia dibuja un escenario de incertidumbre mundial, cambio de reglas e invitación a lo inédito. Trump desafía los avances que se venían logrando, lentamente, en el orden internacional en materias como derechos humanos, equidad, medio ambiente, paz y libre comercio, entre otros.

Más o menos va quedando claro lo que representa Trump, ahora sabemos que no está jugando, cree en lo que venía diciendo y lo va a poner en práctica. Es la visión de un personaje acostumbrado a mandar, autoritario, que se mueve en la élite económica, que no entiende de derechos humanos ni de la democracia; para el somos inferiores y el pretexto ideal para sumar entusiastamente a su bloque de apoyo. Va a emplear el poder para intentar ponernos de rodillas y fijarnos las condiciones de una relación favorable para su Gobierno.

El gran problema es lo que haremos nosotros, si tendremos el liderazgo necesario y la capacidad de unirnos para enfrentar al renovado imperio. A las agresiones contra los intereses nacionales de México, deberíamos responder adoptando una postura digna, no negociable, sin eufemismos. Urge la convocatoria presidencial y/o del Congreso de la Unión para un auténtico Pacto por México, que nos dé unidad básica, fortaleza y rumbo ante las hostilidades agraviantes de Trump. El sentido de patria y nación está vigente, hay que desempolvar los grandes ejemplos de nuestra historia. Escudriñar en nuestras fortalezas y reunirnos en torno a lo que nos une. 

El problema es real y está a la vista, no hay manera de obviarlo y, menos, de omitirlo; lo enfrentamos con fuerza e inteligencia o lo vamos a pagar muy caro. Aquí no debe haber medias tintas ni cálculos de poder local, no es asunto de partidos; los expulsados no son de un color político, las mercancías varadas no saben de siglas. Hagamos todo para que nuestros paisanos no sufran, para que no se desintegren familias, para que no sean vejados y para que no vengan a engrosar las filas del desempleo en su propio país.

De los preparativos del anunciado encuentro entre Peña Nieto y Trump, hay que extraer algunas lecciones: en primer lugar la contundente confirmación de la agenda anti mexicana del Presidente gringo, sin cuidar formas y con estilo artero, en seguida su empleo del Twitter como medio casi oficial de comunicación y los titubeos penosos de la diplomacia y presidencia mexicana. Cuando se discutía si era o no conveniente asistir a ese encuentro, Trump, prácticamente lo cancela. Estamos ante una conducta abusiva y grosera ante la qué hay que responder con dignidad y el despliegue de toda una política internacional que implique búsqueda de aliados y la generación de múltiples iniciativas tanto de defensa como de ataque.

Reivindiquemos el orgullo nacional, la identidad de lo mexicano, fortalezcamos al Estado, abramos paso a la democracia plena, tengamos diálogo y acuerdos básicos entre todos, apostemos a lo nuestro y, si hace falta, acudamos a la letra de nuestro himno nacional. Un México unido es mucha nación para quien sea. 

Recadito: El decoro no está en la ropa; lástima.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos en México

 Silvino Vergara Nava

“…ningún Estado puede considerarse por

encima del Derecho, cuyas normas tienen

por destinatarios últimos los seres humanos”.

Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile

Sentencia de 26 de septiembre de 2006

Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José (Costa Rica), constituida por la Convención Americana de Derechos Humanos y conformada por siete jueces de los países de Brasil, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina y Ecuador —cuyo cargo dura seis años—, sesionará en México del 23 al 26 de agosto de 2016, algo a lo que se le denomina “sesión extraordinaria”, debido a que se realiza fuera de su sede, con el objetivo de que en los diversos países en donde sesiona, normalmente por invitación de los gobiernos —en esta ocasión, por invitación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México—, se divulgue la función y los trabajos que realiza la referida Corte.

Los asuntos de los que conoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos son aquellas violaciones graves de derechos humanos enunciados en la Convención Americana de Derechos Humanos, de los casos emblemáticos propuestos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en contra de Estados que firmaron y ratificaron la Convención, así como de aquellos que aceptaron la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por tanto, se juzgan asuntos en donde se considera que los Estados, por omisión o por acción, violaron estos derechos humanos de las personas. Desde luego, no son todos los Estados del continente americano los que pueden ser juzgados por la Corte, pues están excluidos, por no aceptar su jurisdicción, Canadá, Estados Unidos, Bahamas, Belice, Cuba, Jamaica, Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente, Granada, Santa Lucía, San Kitts y San Nevis, y Guyana.

Se trata de casos emblemáticos, y no todos los asuntos, existiendo violaciones graves a los derechos humanos, llegan a ser juzgados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que muy pocos llegan a dicha jurisdicción. En las sesiones en la ciudad de México, que se llevarán a cabo en este mes de agosto, se realizarán audiencias públicas de cuatro casos contra Ecuador —dos asuntos—, Guatemala y Colombia, que versan sobre desaparición forzada y el homicidio de un ciudadano, cometido por un policía.

Además de que resuelve asuntos de violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene otras atribuciones, como sostiene el exjuez de la citada Corte, Sergio García Ramírez: “La Corte cuenta con un amplio alcance, único en el Derecho internacional contemporáneo, que le permite interpretar, a solicitud de un Estado, normas nacionales, proyectos legislativos o reformas constitucionales (…) un servicio de la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del Sistema Interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a derechos humanos (…) sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracterizan el proceso contencioso” (García Ramírez, Sergio y Mauricio Iván Del Toro Huerta, “México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Porrúa, México, 2011).

            Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han modificado las políticas y los sistemas jurídicos de los países que han sido juzgados —lo cual también ocasiona problemas de soberanía de los Estados—; por ello, son de suma importancia las sentencias que dicta. Tal situación sucede —por citar alguno— con el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, en donde se determinó que la efectiva administración de justicia atiende a que todo procedimiento judicial debe, por lo menos, contar con dos instancias. En México, el caso Castañeda Gutman representó la modificación a las disposiciones electorales, para que se permita la participación en las elecciones de los candidatos ciudadanos; en el caso Cantos vs Argentina, se determina que los derechos humanos no son únicamente aplicables a las personas físicas, sino que son extensivos a las personas morales o jurídicas. En Perú, los casos Barrios Altos y La Cantuta fueron, en parte, el origen del proceso judicial en contra del expresidente Alberto Fujimori, donde fue sentenciado a 25 años de prisión.

Es claro que estos asuntos son de suma importancia para que en los Estados se respeten los derechos de las personas y que las facultades y atribuciones de las autoridades de los Estados se encuentren sujetas a estos derechos, pues la violación sistemática de los derechos humanos da como consecuencia, a decir del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio R. Zaffaroni, la existencia de los Estados totalitarios, y estos, de acuerdo con la historia, deben ser abolidos atendiendo a que son los que provocan los genocidios (Zaffaroni, Eugenio Raúl, “La palabra de los muertos”, Ediar, Buenos Aires, 2011). Estos Estados totalitarios, por lo regular, no son juzgados y sí olvidados, como sostenía A. Hitler antes del exterminio de los judíos: “¿Quien recuerda el genocidio armenio?” (Zaffaroni, Eugenio Raúl, “Un proceso histórico”, AR, Buenos Aires, 2012). Por ello, la función de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos es de suma importancia en los países de América, en donde, muchas veces, como sintetiza el juez argentino de la Corte, se presentan “genocidios por goteo”. Desafortunadamente, no todos los países de América, al no reconocer a ésta Corte, muestran interés por proteger los derechos de sus gobernados.

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KIT DE IMPUNIDAD Y LA PIÑATA VERACRUZANA

Uriel Flores Aguayo

@UrielFA

El cierre del sexenio priista en Veracruz, esta resultando más pesado, espectacular e ignominioso de lo que el menos pesimista hubiera pensado. En un afán vengativo, de odio y búsqueda de impunidad el Gobernador saliente y la mayoría de los diputados están tomando medidas que son de una obviedad anormal, ilegitima, antidemocrática, inmoral y profundamente irresponsable. Tan solo por tiempo ya no les corresponde a ellos tomar estas decisiones; hay mucho de indignidad y falta de decoro en el impulso de esas medidas. Pretenden comprometer porciones del presupuesto, cargos claves en la gobernabilidad y la transparencia, la nómina y las deudas; son medidas absurdas que tendrán efectos cuando ellos ya no estén. Si no fuera porque son capaces de eso y más, uno pensaría que está ante una obra de humor negro. Exhibe el gobierno una pobreza política inmensa que mucho habla, para mal, de las formas en que han gobernado con resultados desastrosos en todos los órdenes.

Era más o menos común que en los municipios, casi siempre los más pequeños, los presidentes salientes se tomaran la libertad de basificar a los empleados de confianza, que casi siempre eran sus amigos y familiares; lo impactante es que, por ahora, también lo quieran hacer a nivel estatal; ya no es un gobierno "bananero" simplemente, por su primitivismo pasa a ser de nivel "chicharronero". Es un espectáculo de degradación del servicio público, que contamina la vida pública y que afecta a toda la sociedad. Este tipo de gobernantes y diputados, abyectos y pusilánimes, son el origen de la violencia y la corrupción que azota a Veracruz. El daño moral y político que le hacen a nuestro estado  es incalculable; son todo lo que no se debe hacer, son un mal ejemplo para las nuevas generaciones. Afortunadamente, siendo un problema político, muchas de las decisiones que tomen son perfectamente reversibles.

La sociedad se indigna, aprende y participa; es el saldo positivo de esta exhibición de desvergüenza e inmundicia. Van a tener un costo político personal los que avalen el kit de la impunidad; sin duda también le va a pegar en apoyo al todavía partido oficial. Los ciudadanos se darán cuenta de la importancia de participar, de ser vigilantes y estar informados; nunca más votaciones en blanco, apoyos incondicionales y silencios que se vuelven cómplices. Este tipo de gobiernos han llegado a estos niveles de degradación porque la sociedad lo ha permitido o porque las fuerzas democráticas no han tenido la capacidad de detenerlos.

Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata reza un dicho popular que es aplicable a nuestra circunstancia local; el ejecutivo propone aberraciones con la confianza de contar con diputados abyectos y sumisos, ambos tienen una carga pareja de responsabilidad. Si esas maniobras salen adelante, las dos partes tendrán que asumir las consecuencias legales y políticas de sus actos, pero sobre todo el repudio popular. Hoy más que nunca se pone en cuestión el papel de los legisladores en el sentido de  asumir la representación popular que se les confirió o seguir simulando y haciendo el trabajo sucio al ejecutivo estatal.

Vamos a ver en estos días hasta donde llegan los que ya se van, si algunas cuestiones eran cortinas de humo solamente y si tienen la inmensa y destructiva irresponsabilidad de llegar tan lejos en la degradación de las ya de por si débiles instituciones que tenemos. Su nombre quedará en la memoria popular y será asociado invariablemente a su partido; prácticamente estarán sepultando por mucho tiempo las posibilidades de recuperación del PRI. Sería muy oportuna la intervención federal para poner orden y el deslinde del priismo local para no tener que cargar con todo el costo que les van a dejar este grupo de aventureros. Puede parecer utópico pedir congruencia a todos los priistas y a su clase política, pero no hay de otra, vienen siendo indispensable si quieren tener un papel normal y aceptado socialmente en el nuevo escenario político de Veracruz.

Ahorita están envalentonados todavía, pues conservan el control del aparato público, ya veremos en unos meses si siguen con la misma desmesura; dudo que resistan la presión social; aprenderán que los abusos se aplacan, que no son impunes, que la gente cuenta y verán como tienen que salir huyendo en peores condiciones. Debieron haber entregado sin problemas, sin traumas y aportando armonía a Veracruz; no lo quieren así y en esa actitud "chicharronera" llevaran su penitencia. Veracruz, no es piñata, no vamos a permitir que lo  sigan golpeando por afanes de impunidad y ambición; a partir de ahora se respeta y se cuida, en ello nos va la paz pública, nuestra tranquilidad y el desarrollo social y democrático.

Recadito: La coyuntura exige posiciones muy claras de todas las fuerzas políticas veracruzanas.

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DEL BIENESTAR HUMANO AL BIENESTAR ANIMAL

Silvino Vergara Nava

“La prioridad debería ser la de promover un

 derecho genuinamente originado en

la comunidad, un derecho que no

sea ni parezca el derecho de unos pocos.”

Roberto Gargarella

El pasado 27 de octubre de 2015, el Diputado Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso a expedir leyes en materia de “bienestar animal”, intempestivamente, como si no hubiera otros bienestares que deba cumplir el Estado mexicano, -en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos  únicamente se cita en tres ocasiones “bienestar”- se aprobó por la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre dicha iniciativa para pasar a la Cámara de Senadores esa disposición como sigue: “El Congreso tiene facultad: ... XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico así como en materia de bienestar animal.”

El Concepto de bienestar animal es demasiado ambiguo y ante la ambigüedad se desprende la discrecionalidad y de esa forma se van torciendo los buenos propósitos de aquella iniciativa, en que se citó textualmente: “lo ideal es que el animal se encuentre en perfecta armonía con el medio que lo rodea y en ausencia de sufrimiento, entendiendo por sufrimiento toda una gama de estados emocionales desagradables, miedo, dolor, frustración, agotamiento; pero analizados desde la realidad del animal y no como lo percibimos los humanos” De esta exposición de motivos imaginaria se evaporan las fronteras entre políticas de izquierda y derecha, como sintetiza N. Bobbio que a partir del surgimiento de los partidos ecologistas, ambientalistas a veces son: “considerados unas veces de derechas y otras de izquierdas, o ni de derechas ni de izquierdas. Los verdes como un movimiento transversal” (Bobbio, Norberto, “Derecha e Izquierda” Editorial Taurus, México, 2014)

Y es que, la propuesta de esta enésima reforma constitucional, analizada y aprobada en las rodillas de los legisladores y con las sospechosas prisas del cierre de año, puede tener diversas inclinaciones. En primer lugar, si la iniciativa se sustenta en antecedentes como la resolución de diciembre de 2014 de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal de Buenos Aires, Argentina, en el caso de la orangután Sandra del zoológico de Buenos Aires, donde se resolvió: “a partir de una interpretación jurídica dinámica que es menester reconocerle al animal el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos, (animales) son titulares de derechos, por lo que se impone su protección...” con ello lo que se propone es que se traslade a la orangután Sandra a otro hábitat para que se garantice su derecho a una vida digna y que no se mantenga aislada en el zoológico, todo parece ser que se trata de buenos propósitos, sin embargo de aprobarse esta reforma constitucional: ¿Que sucederá con los animales de los zoológicos?, ¿Que ocurrirá con los animales en espectáculos públicos, -salvo los circos que al perder sus animales se acabaron éstas diversiones milenarios- jaripeos, charreadas, toros, y demás?, así habrá que pensar con el futuro de los rastros, granjas, haciendas, ranchos, ganaderías, hipódromos, e incluso laboratorios, etc., por ejemplo en el caso de diversas entidades como Tlaxcala y Aguascalientes han legislado para considerar como patrimonio cultural la tauromaquia. En tanto, esa reforma constitucional de aprobarse, causara muchos problemas jurídicos, pues pareciera que encontraremos controversias jurídicas en los tribunales que versarán en el debate de que tendrá mayor importancia: los derechos de libertad de trabajo, de libertad de empresa, de cultura, de acceso a la alimentación sana, a la salud o bien, el bienestar animal.

Esperemos que la propuesta para reformar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos  y que ya fue aprobada por la Cámara de diputados no verse en otro sentido, como subraya Eugenio R. Zaffaroni: “La Corte Suprema de Estados Unidos ha reconocido en 1987 el derecho a patentar animales inventados. La técnica que permite cortar y soldar las cadenas de ADN de diferentes especies, da lugar a los virus recombinantes. Esto se defiende con el argumento de que la vida es una cuestión química y que la propia tecnología puede neutralizar sus peligros, lo que, sin duda, es “optimista”, pero más que “optimista”, es irresponsable y superficial.” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “En busca de las penas perdidas” Buenos Aires: EDIAR. 2005) pues bien, ante la facultad del Congreso de la Unión para legislar sobre bienestar animal que, como es sabido en los últimos años únicamente se implementa mayor control y punibilidad, esto es más delitos e infracciones, por ello, se corre el riesgo que se clausuren estos centros de resguardo de animales, se des-estimulen las actividades económicas que tienen relación con animales y por ende, esta reforma constitucional sea un paso adelante a lo que pronóstico el filosofo N. Chomsky: “La biotecnología, la ingeniería genética, el diseño de drogas y Semillas transgénicas, incluso el diseño de especies animales, representan una industria que en los próximos años va a crecer considerablemente y va a generar ganancias enormes. Tiene un potencial muchísimo más importante que la industria electrónica.” (CHOMSKY, Noam “Cómo Funciona el Mundo” Katz Editores. Argentina, 2013) El tiempo dirá, pero lo que si es un hecho es que los legisladores ante la incapacidad de brindar bienestar humano, por lo menos queda el bienestar animal.

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América Latina sin locomotora = Subdesarrollo

Dr. Silvino Vergara Nava

“Los estados son vigilados por otros… Y el estado

apenas puede escapar de la exigencia de dar a

conocer sus acciones y modos de funcionamiento…

el estado es hoy más observado que observador.”

Daniel Innerarity

¿Por qué no hay un sistema de trenes en América Latina?, es una pregunta que bien se la puede hacer cualquier ciudadano que tiene interés en trasladarse de un lugar o de una ciudad a otra, sin el costo que representa un boleto de avión, o bien, sin el riesgo que constituye las carreteras y el sistema de transporte foráneo de autobuses, al que por cierto se le gravó con el 16% del Impuesto  al Valor Agregado a partir de 2014 dentro del paquete de la reforma hacendaria.

Por ejemplo, en México, es claro que, históricamente no hay un sistema de ferrocarriles debido a que por medio de ellos, fue que se llevó a cabo la revolución mexicana –la guerra más violenta del siglo XX en todo América Latina- y se facilitó la comunicación de los grupos revolucionarios. Entre Colombia y Panamá no hay ni comunicación alguna acusando a los pantanos, pero más que nada a la división artificial que se dio de lo que fue la Gran Colombia. ¿Qué sería de Brasil con una red ferroviaria? O bien, ¿Qué sucedería con los países de Centroamérica conectados por un tren? Desde luego que, habría un gran sistema de comunicación, lo cual permite crecimiento mayor entre los países, y menos desigualdades, basta con observar a Europa que se comunica y transporta con trenes, el propio vecino del norte hace lo mismo, pues en el caso de las mercancías que se deben de transportar es mucho más seguro y económico.

Pero, ante esta obviedad: ¿Por qué no se ha implementado esa red de comunicación? Es claro que, los Estados en primer lugar, hacen las cosas, a corto plazo, el “cortoplacismo” produce votos, los proyectos a largo plazo nadie se acuerda de quien lo inicio, y menos de quien lo siguió, pero si de quien lo terminó, en segundo lugar, sentencia Daniel Innerarity: “las decisiones fundamentales ya no son adoptadas en el nivel nacional, que con frecuencia no decide más que acerca de lo accesorio. En materia comercial, monetaria, fiscal o social, las decisiones se han vuelto profundamente interdependientes.” (INNERARITY, Daniel, “Un mundo de todos y de nadie” Paidos, Barcelona, 2013) Desde luego, que los estados de nuestra región se encuentran atados a decisiones de este tipo, pues: ¿Donde se venderán los vehículos europeos y norteamericanos de alto tonelaje? si es que ya se cuenta con trenes, ¿Qué constructora se beneficiaria del arreglo de las carreteras y vías de comunicación?, pues, permanentemente están dañadas con estos transportes de carga pesada, ¿Que hará el Estado sin administrar las grandes concesiones para el transporte terrestre?, ya que han sido una forma de justificar un gran número de organismos y entidades administrativas, por su parte, ¿Cómo mantenemos la centralización política y económica de éstas naciones? Si es que se cuenta con un sistema de ferrocarriles para transportar a las personas de un extremo de un Estado al otro.

Es claro que, gran parte del problema es la corrupción entre los estados –poder político- y los poderes económicos, entendida ésta como: “Aquellos actos que constituyen la violación activa o pasiva, de un deber posicional o del incumplimiento de alguna función especifica realizada en un marco de discreción con el objeto de obtener un beneficio extraposicional, cualquiera que sea su naturaleza…“ (MALEM, seña, Jorge. “La Corrupción” Gedisa Editores, Barcelona, España, 2002) Por último, vale la pena preguntarse, si es que este tipo de mecanismos que permiten una adecuada y eficiente comunicación comercial y de la población de un Estado: ¿Puede considerarse que, son exigibles por los ciudadanos, como derechos sociales contra el propio Estado? es decir, que se abra la puerta a considerar que son parte de los derechos de la ciudadanía -contamos con los artículos 4 y 25 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: derechos de desarrollo y bienestar, medio ambiente sano, salud, por citar algunos- o bien, ¿Estamos cayendo al extremo de los derechos sociales como insaciables?, es decir, como derechos previstos en una disposición constitucional, a sabiendas que nunca se ejecutara, como se les ha denominado: “Cláusulas dormidas” (GARGARELLA, Roberto, “La Sala de Maquinas de la Constitución” Katz Editores, Madrid, 2014). En tanto, lo cierto es que, parte del subdesarrollo en la región, es la falta de vagones al progreso y mejoramiento de la población.

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La Presunción de Evasión Fiscal: Constitucionalizado

Dr. Silvino Vergara Nava

“Interrogar como quieren la ley

o los jueces es como lavarle la jeta a un burro:

¡se pierde tiempo y se gasta en jabón…!”

Elías Neuman

A partir de 2002 a la fecha se han realizado una serie de modificación a las leyes fiscales en México  para que las declaraciones y avisos que presenten los contribuyentes se realicen por medios electrónicos y ya no más por papel, por tanto el 5 de enero de 2004, se implemento: “Se presumirá sin que se admita prueba en contrario, que los documentos digitales que contengan firma electrónica avanzada de las personas morales, fueron presentados por el administrador único…… o personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o la administración…” -artículo 19 A del Código Fiscal de la Federación- es decir, que siempre que un documento fiscal contenga la firma electrónica del contribuyente inobjetablemente se trata de un documento elaborado por su representante legal, sin que se permita medio de defensa para desvirtuarlo, a este tipo de regulaciones se les denomina en la doctrina presunción “iure et iure”, esto es, que no aceptan prueba en contrario, posición totalmente opuesta al principio “iuris tantum” que si admite prueba en contrario por los tribunales y eso permite que los gobernados puedan sostener, por ejemplo que se hizo un mal uso de su firma, que el documento lo elaboro otro persona, etc.

Al respeto de este tipo de regulaciones en las leyes, se ha considerado que contraviene el principio de presunción de inocencia, que define la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Es un elemento escencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante tramitación del proceso … el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el “onus probandi” corresponde a quien acusa” (Caso Ricardo Canese Vs Paraguay. 31 agosto 2004), sin embargo, recientemente en el mes de enero de 2015 se publicó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tesis –que aun no es jurisprudencia- que determina la constitucionalidad y viabilidad de esa disposición fiscal, es decir, que no se requiere probar por quien acusa al contribuyente –el Servicio de Administración Tributaria- que el documento electrónico lo firmó éste, sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación textualmente: “dicha presunción no impacta en la materia penal, por lo que la autoridad ministerial debe probar la existencia de la conducta ilícita relacionada  con la presentación de documentos digitales por los representantes de una persona moral, ante lo cual el sujeto activo estará en posibilidad de demostrar que la conducta no le es imputable, debiéndose admitir todas las pruebas tendientes a demostrarlo…” (Primera Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Enero 2015, pág. 762) De acuerdo a este texto de la tesis de la Corte, es indudable que esta reconociendo que la medida prevista en el Código Fiscal de la Federación es inconstitucional, pues si la propia Corte determina que si se pueden admitir pruebas en el proceso penal para desvirtuar la presunción que establece esa disposición fiscal, entonces, ya no es presunción “iure et iure”, estamos ante la presunción “iuris tantum”, entonces, habría que preguntarse ¿En que procedimiento si es inobjetable la firma electrónica?, lo cierto es que, si reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación  que si se pueden admitir pruebas, no obstante que no lo dice esa norma, surge la pregunta: ¿Por qué no declaró inconstitucional ese precepto legal?

Es evidente que el no declararlo inconstitucional es facilitar las facultades de la autoridad fiscal para perseguir a los contribuyentes por la simple presentación de sus declaraciones, cuando cita el profesor Francisco Muñoz Conde, que esto tiene un limite jurídico: “nadie está obligado a declarar contra sí mismo o aportar pruebas que lo incriminen… el derecho del acusado a la defensa, a guarda silencio, a no estar obligado a declarar o incluso a declarar falsamente, a la asistencia desde el primer momento de su detención de un abogado que le asesore,… (MUÑOZ Conde, Francisco “De las Prohibiciones Probatorias al Derecho Procesal Penal del Enemigo”, Hammurabi, Buenos Aires, 2008) El problema de esta serie de razonamientos que hoy ejercen los máximos tribunales en el mudo es que, están implícitamente ponderando la recaudación sobre los derechos de los gobernados, dándole preferencia a la recaudación –desde luego, ante la presencia de la reforma energética, disminución de ingresos vía remesas en el país, disminución del precio del barril del petróleo, etc.- ponderación tanto implícita como explicita, que la doctrina ha objetado, en voz del profesor colombiano Carlos Bernal: “La ponderación es un procedimiento irracional para la aplicación de los derechos fundamentales porque no tiene una estructura clara y en ella no existe un “ponderómetro”,… La ponderación es un concepto que los tribunales constitucionales utilizan, no para fundamentar sus decisiones, sino justo para todo lo contrario, es decir, para dar una apariencia de fundamentación a tales decisiones…” (BERNAL Pulido, Carlos “El Neoconstitucionalismo a Debate”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2008) Con estas medidas judiciales estamos ante la presencia de la fundación de la presunción de evasión fiscal de los contribuyentes, contrario a la presunción de buena fe vigente en un Estado Constitucional de Derecho, o quizá estamos re-fundando el Estado Constitucional de Derecho mexicanizado.

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