TOLERANCIA, PLURALIDAD Y DESARROLLO

Uriel Flores Aguayo

@UrielFA

La elección de Donald Trump, locuaz y de perfil dictatorial e imperialista, puso a debate lo avanzado en materia democrática en los Estados Unidos y en las relaciones internacionales sobre la base de la diplomacia y el respeto a las naciones. Lo que parecía irreversible ahora se pone en duda, las certezas se esfuman y entramos a un periodo incierto y turbulento. Las lecciones para nuestro país son claras e ineludibles; hay que abrir el diálogo, debates incluidos, sobre nuestra realidad nacional, en sentido amplio, desde la conducción del país, el modelo económico, la desigualdad social y la próxima elección presidencial. A la ya de por sí precaria vida democrática y deformada vida pública se agrega, ahora, la amenaza real del poder Estadounidense, que nos retira inversiones, nos aísla en la frontera y expulsa a nuestros compatriotas.

Trump y varios casos más similares en otras partes del mundo muestran que es posible la involución democrática, de la cual no estamos exentos en México; de la conciencia de esa posibilidad debemos extraer las lecciones del caso para hacer lo correcto. Pienso en fortalecer las instituciones, dar voz a los ciudadanos, garantizar elecciones libres, caminar hacia una sociedad incluyente, ganar en justicia y equidad, acabar con la violencia e impunidad, reinventarnos positivamente pero con la esencia histórica de nuestra nación y cultivar los valores colectivos. 

Es necesario establecer si lo que tenemos como democracia es suficiente y si de ese nivel se podrá avanzar; pero también analizar si hay riesgos de retrocesos. Se debe proceder con seriedad, más allá de intereses grupales y de la retórica. Hay que clarificar el compromiso democrático y convocar al diálogo que marque el rumbo común. No se puede hablar de unanimidad ni de apariencias patrioteras, de hacerse estaríamos cayendo en la simulación. Hay que encarar nuestra realidad por amarga y gris que sea para estar en condiciones de andar en el desarrollo democrático. 

Es pertinente revisar los niveles de tolerancia política y social, es decir, tanto de la relación entre partidos y líderes como entre los cuídanos. Me parece que hemos avanzado muy poco y que, con relativa facilidad, somos espectadores o actores de espectáculos dé intolerancia en lo general; ejemplos abundan. Es muy frecuente que los líderes se descalifiquen y sean incapaces de dialogar, en un afán destructivo y auto complaciente, apostándole a la proyección mediática y a endulzar el oído de sus seguidores. En esa línea, se pierden en el humo las ideas, los diagnósticos y las propuestas. Hay que aclarar que el debate en si es perfectamente válido y normal, en tanto no se vuelva un estridente coro de descalificaciones. Lo peor del intercambio de ataques  son las personalizaciones, omiten la crítica constructiva de hechos y responsabilidades. 

Se afirma que los valores se han perdido, se dice así para intentar la explicación de conductas antisociales. Creo, por mi parte, que los valores esencialmente son los mismos, que cambiamos los que los portamos, quienes no siempre los asimilamos tal cuales ni los aplicamos correctamente. El tiempo cambia, los ciclos sociales y humanos también, las nuevas generaciones requieren educación formal y social, en ellas se refleja inmediatamente, en tiempo real, nuestra calidad humana y nuestro desarrollo social. Es un error pretender que los niños y los jóvenes, por decreto, van a comportarse en forma civilizada y sana; necesitan el ejemplo de sus mayores y un marco de democracia eficaz que incluya instituciones funcionales, fuertes y legítimas. Ahora aprendimos que la vida social armónica, con paz y justicia requiere regarse con información, derechos y legitimidad.

Recadito: Solo los Xalapeños salvaremos a Xalapa.

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¿UNA CORTE A ESPALDAS DE LA NACIÓN?

Silvino Vergara Nava

“En una sociedad de iguales, ningún individuo o caudillo,
ningún grupo o familia, ninguna elite —tampoco
la elite judicial por ejemplo— merece arrogarse la razón,
ni el derecho de decidir en nombre de los demás”.

Roberto Gargarella

Las instituciones de un Estado de Derecho, como la administración pública, así como los Juzgados y Tribunales, deben estructurarse de la mejor forma asumiendo no que tienen los mejores funcionarios, sino, al contrario, que podría suceder que tengan a los menos capacitados; debido a ello, se necesita que los órganos jurisdiccionales gocen de toda una estructura que le de mayor imparcialidad e independencia de los demás órganos del Estado. A decir del profesor Roberto Gargarella: “Lo que necesitamos más bien, es contar con un sistema institucional que nos permita maximizar la imparcialidad en la decisión de un litigio, aun para el caso en que contemos con los jueces peor animados” (Gargarella, Roberto, “Castigar al prójimo”, Siglo XXI, Buenos Aires, 2016). Un ejemplo evidente de esta necesidad en un Estado Constitucional Democrático de Derecho es la reciente tesis de jurisprudencia que niega la suspensión provisional en el amparo respecto a la resolución de la autoridad fiscal que deja sin efectos el certificado del sello digital —artículo 17 H del Código Fiscal de la Federación—, pues se considera que, entre otros elementos, se afecta el interés social (Época: Décima Época, Registro: 2013681, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 17 de febrero de 2017 10:19 h).

Esta tesis de jurisprudencia que se creó recientemente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por contradicción de tesis provoca una grave preocupación a los gobernados en su calidad de contribuyentes, pues sostiene que no procede la suspensión provisional del acto reclamado que deja sin efectos el certificado del sello digital: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA DE DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014)”. Dentro de los argumentos que se plantean para la determinación final está el de “cuando se detecte que el contribuyente ha incurrido en alguna irregularidad que pueda entrañar prácticas de elusión o evasión fiscal (efectos y consecuencias de la aplicación del mencionado artículo, así como de las normas generales que lo desarrollan)”. El sustento para negar la suspensión provisional es que una disposición administrativa como la del articulo 17 h del Código Fiscal de la Federación se considera una herramienta para poder combatir a los delincuentes, lo cual es una clara confusión del derecho penal con el derecho fiscal sancionador, y hay una gran diferencia ente uno y otro, por lo que no se puede hacer uso de una rama del derecho para combatir lo que es tarea de la otra. A los evasores y a quienes cometen los delitos de elusión fiscal les corresponde el derecho penal y, como consecuencia de ello, las sanciones que se prevén sobre esas conductas; sin embargo, no puede sostenerse por el máximo tribunal del Estado mexicano que con los casos previstos en la ley para dejar sin efectos el certificado del sello digital se están cometiendo delitos de evasión y elusión fiscal, como en el caso de la no localización del contribuyente en su domicilio fiscal, la falta de presentación de tres declaraciones, la comisión de alguna infracción administrativa. Es claro que no es comparable con la comisión de los delitos de evasión —artículo 108 del Código Fiscal de la Federación— o elusión fiscal —artículo 109, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación—.

Con esta decisión, al hacer nugatoria la suspensión provisional se está dando el tratamiento a los infractores, es decir, a quienes comenten una simple falta administrativa, como delincuentes, lo cual es expandir el poder punitivo, reducir los derechos de los gobernados, maximizar las infracciones de los gobernados y discriminar a los contribuyentes contraviniendo el respeto a la dignidad humana y justificando políticamente las acciones del Estado, para lo cual la doctrina del derecho lo debe de contener, como lo sentencia el profesor E. R. Zaffaroni: “En la realidad el poder punitivo opera tratando a algunos seres humanos como si no fuesen personas y que la legislación lo autoriza a ello, la doctrina consecuente con el principio del estado de derecho debe tratar de limitar y reducir, o al menos, acotar, el fenómeno para que no desaparezca el Estado de derecho” (Zaffaroni, Eugenio Raúl, “El enemigo en el derecho penal”, Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009).

Esta tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación justifica la negativa de la suspensión provisional de la revocación del certificado del sello digital bajo el argumento de que “la sociedad está interesada en que se instrumenten los mecanismos para monitorear a los contribuyentes a través de las operaciones que realicen”, lo cual es una decisión poco afortunada, en primer lugar, porque no se desprende cómo se obtiene la conclusión de que es la sociedad la interesada en imponer estas medidas, ya que es muy claro —es un hecho notorio— que el proceso legislativo en el Estado mexicano carece de los canales democráticos suficientes para que sea la sociedad la que se exprese en el contenido de las normas jurídicas. Por otra parte, está superado que las mayorías puedan limitar o restringir los derechos de los gobernados; la doctrina que hoy prevalece es que las mayorías no deben limitar o disminuir los derechos fundamentales, pues estos se encuentran en la denominada “esfera de lo indecidible” (Ferrajioli, Luigi, “Principia iuris”, tomo I, Trotta, Madrid, 2011). Por tanto, por más que sea decisión y aprobación de las mayorías disminuir derechos fundamentales, estos no pueden restringirse, basta recordar las experiencias democráticas del fascismo y el nazismso, que provocaron los genocidios en Europa. Incluso, el caso emblemático respecto a que las decisiones democráticas no pueden disminuir los derechos fundamentales es dictado en nuestra región por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el denominado caso Gelman vs Uruguay, del 24 de febrero de 2011, que anula las leyes de amnistía pues, no obstante que estas fueron aprobadas democráticamente y adicionalmente ratificadas bajo dos plebiscitos populares, no es suficiente para que justificara la vigencia de estas leyes que contravienen derechos fundamentales. Cita la sentencia que “el hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aun ratificado o respaldado por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede, automáticamente ni por si sola, legitimidad ante el Derecho”.

Finalmente, esta desafortunada tesis sostiene que el propósito de negar la suspensión provisional es que con ella se está “logrando una mayor recaudación para satisfacer las necesidades colectivas”, lo cual es contradictorio pues, evidentemente, no hay recaudación si es que se deja sin efectos el certificado del sello digital, porque eso impide que se puedan expedir comprobantes fiscales y obtener ingresos por parte del contribuyente al que le fue revocado el certificado del sello digital. Esto da como consecuencia que se impida la causación de las contribuciones; es claro que requerirá de una reflexión más profunda y académica la fijación de la jurisprudencia que resuelva sobre la suspensión definitiva, de lo contrario, se podría concluir que contamos con una Corte a espaldas de la nación.

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DIÁLOGO POLÍTICO: FICCIÓN

Uriel Flores Aguayo

@UrielFA

No hablo del diálogo en general, en sus significados y efectos; no estoy pensando en lo que pudiera ser el intercambio de opiniones perfectamente normales entre los actores políticos o, simplemente, entre los ciudadanos que se interesan por los acontecimientos y el rumbo de la política en su entorno cercano y en el mundo. Me interesa decir algo sobre el tipo de diálogo, si se le puede llamar así, que se establece entre los líderes políticos nacionales y sus bases y simpatizantes. De entrada lo veo como inexistente o simulado. Veamos porqué:

Los dirigentes nacionales de los partidos políticos prácticamente nunca dialogan con nadie, a excepción de pequeños grupos de operadores y asesores. Como no hay diálogo o intercambio de opiniones tampoco se da un proceso de explicaciones y convencimiento, ni de enriquecimiento de las posturas. La relación entre líderes y sus bases es vertical y autoritaria.

Esa realidad es generalizada, se puede disfrazar demagógicamente o colgarle eufemismos pero en el fondo ocurre en todas las formaciones políticas. Veamos: el dirigente del PRI recorre el país para darse a conocer con sus sorprendidos líderes locales, quienes nunca lo habían visto en su partido. A esa gira le atribuye méritos que lo hacen afirmar en spots de radio que ha "conocido" de cerca la realidad de México y ha hablado con sus militantes; falso, no pasa de visitas relámpago a algunas ciudades, una o dos por Entidad, y de encuentros con pequeños grupos. En ese sentido es muy poco lo que puede ver de la región en que esté y de platicar con sus correligionarios. Otro caso paradigmático es el de López Obrador, quien recorre incansablemente nuestro país desde hace unos  25 años para dirigir discursos en las plazas públicas; a esas reuniones le llama asambleas, conferencias o actos públicos simplemente. Son mítines donde prácticamente solo habla él, de un corte entre artificial y anacrónico, con contingentes transportados en su mayoría y pensados como escenografía para la foto mediática. A ese monólogo no se le puede llamar asamblea, no existe el diálogo que le daría ese carácter. No hay, por tanto, intercambio alguno más allá de las porras y consignas. 

Es mucho peor la realidad del PRD, donde desde hace mucho tiempo se limitó casi hasta la extinción cualquier tipo de deliberación colectiva; más aún, la actual dirigente, Barrales, no ha puesto un pie en Veracruz, por ejemplo. Depende mucho de sus esquemas de trabajo y sus estilos cúpulares para que se abra intensamente la brecha entre los líderes del sol amarillo y sus bases, incluso con sus estructuras intermedias; lo digo a partir de otras experiencias, caso de Godoy, Navarrete y Mujica, quienes si recorrían y dialogaban. Ahora ya no hay nada de eso. El caso del PAN es distinto en tanto su modelo partidario de cuadros con un funcionamiento de instancias de dirección y muy poca labor extensiva a sus bases. 

Ese es el caso, no existe el diálogo político amplio que llegue a todos los niveles en los partidos, concentrándose las posturas en documentos de gabinete o en los discursos de los líderes. En esas condiciones la vida pública se empobrece, no se generan corrientes poderosas de opinión pública y tampoco se convoca a los ciudadanos para que participen informados, para que distingan proyectos y fortalezcan la vida social así como a la democracia. El modelo actual de relación entre los líderes y sus bases es muy limitado y negativo, no contribuye para activar la energía social y se encierra en un pequeño círculo que, en consecuencia, se vuelve vicioso o nocivo. Esas formas cúpulares y simuladoras  no distinguen de colores y proyectos, no digo ideologías porque simplemente no existen; lo mismo se dan en líderes de corte tecnocrático que en los líderes con más imagen popular.

Las mejoras de nuestro país pasan por un auténtico diálogo nacional, que inicie por los espacios de los líderes políticos y continúe en lo general. Hablando, opinando, preguntando, exigiendo y resolviendo tendremos una sociedad fuerte e instituciones funcionales. No tenemos porqué conformarnos con estos líderes tradicionales ni porqué ser simples espectadores; hay que demandar cambios de fondo y tener la voluntad de participar permanentemente en la vida pública.

Recadito: En las municipales próximas es fundamental razonar el voto por las personas...

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LA LEVEDAD DEL OCIO Y EL DOLO EN LA CRÍTICA

Uriel Flores Aguayo

@UrielFA

Mal momento para la deliberación y el debate públicos en Veracruz, entre ocurrencias, defensas y auténticas ociosidades. Ese también es el signo de los tiempos de cambio, de la alternancia; en el campo periodístico anteriormente había una especie de unanimidad, de jilgueros y apologistas del Gobierno estatal, con las honrosas excepciones de un pequeño grupo de valientes y honestos reporteros y columnistas. Ahora hay apertura e interlocución, con sus matices y fallas, como la ausencia cotidiana de un vocero que explique, aclare, puntualice y responda. Son prácticas insustituibles en materia de comunicación social como lo demuestran generalmente los Gobiernos del mundo.

El cambio llegó a los medios de comunicación abruptamente, sin convenios y sin línea no existen controles extra profesionales, solo el trabajo periodístico que permita sostenerse y crecer con sus lectores. La desaparición de algunos periódicos refleja su absoluta dependencia de los recursos públicos o su extravío ante la alternancia. Es altamente posible que esos medios ahora ausentes no tuvieran conducción ni algún tipo de papel realmente periodísticos, lo cual explicaría su tajante e inmediata desaparición. No se juzga, por supuesto, la labor que en ellos realizaban verdaderos trabajadores de la comunicación, quienes venden su fuerza de trabajo más no su conciencia. 

Mal andaríamos si nos quedáramos en el anacrónico maniqueísmo del "todo está bien" o "todo está mal", como tampoco contribuiríamos seriamente al debate si no pasamos del desahogo y el ocio. Hay mucho de un legítimo afán de atacar, de obstruir, de señalar solo lo negativo y de cuestionar lo que sea si viene del nuevo Gobierno. Digamos que es una opción y hasta un derecho de quienes se dedican al análisis y la crítica, independientemente de sus motivaciones; de ahí se desprende el derecho de réplica y la sana interacción entre los funcionarios y los periodistas. A estas alturas nadie debería espantarse ni molestarse por recibir cuestionamientos si funge como autoridad pero tampoco si es replicado en su papel de periodista. 

Los funcionarios del gobierno están sujetos a la observación ciudadanía y periodística como mecanismo de expresión social, mal se verían y confesarían déficit democrático si no están de acuerdo con la crítica y si no se abren al más exigente escrutinio ciudadano. Estos años han sido terribles para la imagen de las autoridades pero también significaron la derrota de la rendición de cuentas. Se debe asumir con absoluta convicción y trasparencia el alcance y significado de ser servidor público; no basta estar abierto a la crítica, hay que responderle y estimularla. La libertad de expresión es un derecho fundamental en la vida democrática, para lo  cual los medios cumplen una función esencial.

De pronto ha surgido en un grupo de columnistas una tendencia inundada de complots, todo tipo de sospechas, ultimátum al Gobernador, escepticismo recurrente y decretos de fracaso. Resulta que si no se cumple determinada hipótesis o escenario particular, eso significa derrota e inutilidad de la alternancia. Quienes ya lo venían haciendo así o al menos parcialmente se ven bien, coherentes y normales; quienes se inauguran en la crítica tienen serios problemas de estilo y credibilidad. Bienvenida toda la crítica, sin vacilación alguna debe ser respetada por el Gobierno, además de registrada y respondida. No hay lugar para funcionarios omisos, escondidos u ofendidos por la crítica o las observaciones. 

Son los saldos de la alternancia, sin ella no pasaría gran cosa en materia de libertades y transparencia. El ocio no es equivalente a la crítica, la especulación no es análisis y las teorías de complots son todo lo que no ocurrirá. En un plazo que espero no muy extenso vendrá la normalidad democrática en la relación Gobierno y prensa, sin obviar que los medios deben trascender el enfoque hacia la labor oficial para involucrarse con otros sectores y liderazgos de la sociedad.

Recadito: No hay santones, son políticos con su proyecto de poder.

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MUROS INTERNOS Y ETERNOS

Uriel Flores Aguayo

@UrielFA

El debate nacional gira en torno a las amenazas de Trump contra nuestro país; más que menos los líderes y grupos nacionales se han unificado en una postura de defensa de nuestros intereses, sin que medie mayor convocatoria. Es tan ruda la postura del presidente gringo, tan escandalosa, que se ha generado un consenso de rechazo a su beligerancia entre los más diversos sectores y capas de la población mexicana; de igual manera hemos recibido la solidaridad internacional. Siendo más real y peligrosa la persecutoria política contra nuestros connacionales, que si pueden verse afectados en lo inmediato, sin embargo se ha colocado el tema del muro con mayor centralidad. Hay que anotar los aspectos retóricos de este asunto, símbolo máximo del proteccionismo, en este caso de límites territoriales. Dicho muro ya existe en diversas modalidades en un treinta por ciento de la frontera norte, con un tramo similar de río y el resto con desierto prácticamente mortal. El referido muro es el emblema de un proyecto de gobierno conservador y excluyente, que no tolera al distinto o, de plano, lo utiliza para reafirmarse en su papel hegemónico y exclusivo. 

Lo más agraviante del ya famoso muro en proyecto es su costo a cubrir por nosotros de acuerdo a las inusuales condiciones fijadas por Trump; es una ofensa mayor entre la serie de insultos y amenazas que nos ha indignado el magnate metido a político sin visión de Estado ni idea democrática. La respuesta mexicana ha oscilado entre la larga tibieza presidencial, el repudio popular, las obviedades opositoras y las lúcidas argumentaciones de nuestros intelectuales. No por esperable la reacción nacional debiera minimizarse; debe reconocerse que, cálculos políticos locales aparte, la inmensa mayoría de los mexicanos hemos entendido lo que significa la renovada política imperialista y nos hemos colocado del lado de los intereses nacionales haciendo una distinción entre lo que representa el Gobierno federal y lo que valemos todos nosotros como nación.

El debate del muro nos pone ante el espejo, nos cuestiona en nuestras actitudes con nosotros mismos; qué tipo de sociedad somos es una buena pregunta. Habría que aprovechar la polémica del muro fronterizo para analizar y derribar nuestros muros sociales, raciales, sexuales, religiosos e históricos. Porque siendo honestos y realistas con nosotros mismos habría que aceptar que hemos construido algunos tipos de muros intangibles y otro tanto de muros materiales que nos alejan y aíslan. No podríamos asegurar que somos iguales ante la ley, que el poder económico no determina acceso a la justicia, que las elecciones son libres y que, quien sea, puede votar y ser votado. Sin derechos básicos, como ocurre en nuestra realidad, los ciudadanos se topan con muros y se recluyen en áreas reservadas por dinero o poder político. 

Aún reconociendo algunos avances civilizatorios, ejercicio de algunos derechos y una débil  vida democrática sigue siendo dominante el muro social que excluye a los pobres y los condena a una vida marginal y precaria. Es muy alto el muro racial que clasifica en blancos y morenos, que provee de imágenes publicitarias donde estos últimos no existen y los señala como inferiores. Tenemos el muro religioso que separa a los fieles y creyentes de los infieles e incrédulos, con la pausa de tolerancia que ha traído el papa Francisco. El muro de intolerancia contra las minorías sexuales sigue siendo muy grande y fuerte, con cerco religioso y homofobia social que trae a debate aspectos francamente anacrónicos. Hay más muros en nuestra sociedad, contra los diferentes, contra quienes no se ajustan al estatus quo, contra los disidentes, contra los otros. Estamos atravesados por una línea de intolerancia e ilegalidad crónicas  supuestamente superadas pero que, a cada rato, saltan por donde sea y lastiman nuestra convivencia. Hay muros políticos y seudo ideológicos; los primeros son más inerciales y mundanos mientras que los segundos son simbólicos pero poderosos. 

El panorama es más o menos claro para los mexicanos: nos oponemos al muro fronterizo por convicción y defensa de nuestros intereses pero también avanzamos como sociedad derribando los muros que impiden que tengamos más inclusión, armonía, paz y desarrollo.

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