Silvino Vergara Nava
“Sentir que es un soplo la vida
que
veinte años no es nada…”
Letra
del tango “Volver” (1935),
de
Carlos Gardel
Año
de 1997, en México gobernaba Ernesto Zedillo. Se estaban cumpliendo dos años de
la masacre de Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, que dejó 17 muertos y 21
heridos. Suceso que, por no juzgarse en nuestros tribunales, posteriormente fue
denunciado en España para que se juzgara en ese país a los responsables
atendiendo a la existencia de la denominada “jurisdicción universal subsidiaria”
en su legislación, aunque lamentablemente no aconteció, ya que se reformó su
ley previo a que se dictara sentencia.
En
ese mismo año, transcurría el tercer aniversario de vigencia del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque todavía no se veían los
estragos que causó a la industria nacional, al empleo, al medioambiente
mexicano, a la soberanía alimentaría y al sistema financiero, que aún contaba
con instituciones que eran propiedad de banqueros nacionales, cuando el valor
de un dólar era de $8.00 pesos y la migración provenía de las clases más
necesitadas y no de cualquier estrato de la sociedad como ahora; en las calles no
se veían todavía las muestras de la globalización: pobreza extrema, migrantes
extranjeros, inseguridad pública y centros comerciales suntuosos por doquier. En
esas mismas fechas entró a costas mexicanas el huracán Paulina, principalmente
en los estados de Guerrero y Oaxaca, que dejó 400 muertos según el dato oficial,
aunque las imágenes y los testimonios daban cuenta de otros números.
En
enero de 1997 inició su segundo periodo de gobierno Bill Clinton, en Estados
Unidos de América. Por otra parte, en México, en las elecciones federales
intermedias, por primera vez el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que
dio paso a que tres años después perdiera la Presidencia de la República. Finalizando
el año, el 22 de diciembre de 1997, se llevó a cabo la matanza de Acteal, en
Chiapas, que dejó —según los datos oficiales— 45 muertos y que fue un escándalo
nacional. Hoy el genocidio permanente en el que vivimos ya dejó de ser noticia.
En
1997 la comunicación se realizaba principalmente por teléfonos fijos, aunque
las compañías de celulares continuaban expandiéndose pero sin llegar a la
tecnología de hoy con el smartphone y sin abarcar todo el territorio nacional con
su red de celulares. En ese año cualquier oficina, tanto gubernamental como
particular, requería como herramienta indispensable un fax para poder
transmitir documentos, Internet todavía no se propagaba como lo conocemos
actualmente; en las universidades mexicanas la elaboración de una tesis y su
defensa era requisito indispensable para obtener el grado de licenciatura, en
esos tiempos aún no llegaban las políticas públicas de programar diez opciones
de titulación, que han provocado la disminución lamentable en la calidad de los
profesionistas y la propagación de licenciaturas, maestrías y doctorados de muy
penoso nivel.
En
el ámbito jurídico-tributario, hace veinte años los contribuyentes presentaban
las declaraciones en forma impresa y necesariamente debían acudir a adquirir
los formatos a las pequeñas papelerías, por lo que todavía se requería de las
maquinas de escribir para teclear las declaraciones, además de que los pagos se
realizaban de forma trimestral, tanto del Impuesto Sobre la Renta como del
Impuesto al Valor Agregado con una tasa de 15% y, en zonas fronterizas, del 10%.
No existían las denominadas declaraciones informativas ni menos aún la
obligación de inscribir a los socios y accionistas ante el Registro Federal de
Contribuyentes. Para verificar a los contribuyentes, la autoridad fiscal se
sustentaba en los dictámenes de estados financieros elaborados por contadores
públicos colegiados y altamente capacitados, que se presentaban cada año por
contribuyentes obligados y opcionales. Todos los dictámenes se presentaban en
forma impresa, igual que los comprobantes fiscales, por los que había que
acudir a imprentas autorizadas. En el Código Fiscal de la Federación ya se
habían iniciado las visitas de inspección para verificar a los contribuyentes
la expedición de dichos comprobantes fiscales. En ese mismo 1997 se modificaron
en la legislación los requerimientos denominados “invitaciones”, y la mayor
fiscalización se realizaba por medio de las visitas domiciliarias.
Para
1997 no existía la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo —que
regula el juicio contencioso administrativo—, del actual Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, que para esos tiempos aún se denominaba Tribunal Fiscal
de la Federación, tal como se le nombró desde su conformación por el presidente
Lázaro Cárdenas. Solamente había un tipo de juicio y un plazo de 45 días
hábiles para interponerlo; las salas regionales de ese tribunal, al igual que
las oficialías de parte de los juzgados de distrito y de los tribunales
colegiados de circuito, cerraban sus puertas a las 15:30 horas.
En
1997 aún no se hablaba de los derechos humanos en los medios de comunicación y
menos aun en los tribunales, y hoy por todos lados no se deja de hablar de ellos
cuando paradójicamente con los smartphones los propios ciudadanos renunciamos a
los derechos de intimidad y privacidad. Actualmente, se cuenta con la
obligación del envío de la contabilidad, que es una fiscalización permanente y sin
orden previa por escrito pero, a decir de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, es una obligación acorde con la Constitución, lo mismo que sucede con
todas las obligaciones que ahora se realizan por medios electrónicos, donde después
de veinte años se redujeron los plazos de los medios de defensa de los
contribuyentes con la justificación de que se hace para la mayor protección al
derecho de inmediatez de los juicios. Y en harás de protección a los derechos
humanos, se implementó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita, así como la Unidad de Inteligencia Financiera,
de la SHCP, para tratar a simples contribuyentes como presuntos delincuentes. Como
colofón, en las visitas domiciliarias a los contribuyentes de este nuevo
milenio la autoridad tributaria acude acompañada ya no de la máquina de
escribir para levantar el acta, sino de computadoras portátiles y de miembros
del Ejército o de la Marina, a un simple domicilio de un gobernado, para resguardar
la seguridad en la diligencia. Todos estos derechos humanos en 2017 son protegidos
por los tribunales, que ya no motivan y fundan sus resoluciones sino que “ponderan”
sus decisiones para “descubrir” en la sentencia qué derecho es de mayor peso e
importancia. Pues bien, a veinte años de cambios, si que nos falta mucho por
hacer, pero el primer paso es que nos demos cuenta de ello.
