CIUDAD DE MÉXICO, 9 de enero.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó a discutir si es o no constitucional haber facultado a las procuradurías del país y a la general de la República para solicitar la localización, en tiempo real, de equipos móviles de comunicación vinculados con algún hecho delictivo.
La ministra Margarita Luna Ramos propuso al pleno de la Corte declarar constitucionales las modificaciones efectuadas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Telecomunicaciones que dieron origen a dicha atribución, impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al considerar la medida arbitraria y fuera de un control judicial.
En opinión de Luna Ramos el hecho de que los procuradores del país puedan solicitar a los permisionarios de servicios de telecomunicaciones la localización de un equipo de telefonía celular en tiempo real no viola los derechos humanos de una persona como la intimidad o privacidad.
Se trata, explicó, de ubicar en forma inmediata y eficaz el lugar aproximado de un aparato tecnológico utilizado para la comisión de un delito como secuestro, extorsión o delincuencia organizada.
Debate si es o no constitucional haber facultado a las procuradurías del país y a la pGR para solicitar la localización, en tiempo real, de equipos móviles de comunicación
En su exposición agregó que de haberse requerido la intervención de los poderes judiciales para autorizar la solicitud de geolocalización "se perdería tiempo valioso" para la investigación de un ilícito como los referidos.
Luna Ramos argumentó también que la localización aproximada de un aparato telefónico no implica intervención telefónica o registro de llamadas, circunstancias en las que sí se contempla en la ley la intervención de las autoridades judiciales para vigilar la protección de lis derechos humanos de las personas.
Hasta este momento, escuchar la propuesta de su compañera los ministros José Ramón Cossío Díaz y Sergio Valls Hernández manifestaron su desacuerdo al aseverar que como parte de una investigación realizada por el ministerio público debe ser vigilada por la autoridad judicial, ya sea federal o del ámbito local.
jgl
Con información de excelsioronline
