Los abogados que representaron a 10 indígenas víctimas de la matanza de Acteal, por la que responsabilizaban al ex presidente entre 1994-2000, son asociados de Juan Collado
Al
menos dos integrantes del bufete de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz,
Bound & Hess, que presentó la demanda por genocidio contra el ex presidente
Ernesto Zedillo a causa de la masacre de Acteal, en 1997, tienen nexos con
representantes legales del también ex mandatario Carlos Salinas de Gortari.
Los
abogados Roger Kobert y Marc Pugliese, encargados de la demanda a nombre de 10
indígenas que no han sido identificados, tienen nexos con Juan Collado, el
penalista que defendió a Raúl Salinas de Gortari de las acusaciones por lavado
de dinero y homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, y Gustavo García Montes,
asociado de Collado en Miami, indicó la cadena estadunidense Univision.
García
Montes es representante legal de las empresas que Juan José Salinas Pasalagua,
sobrino del ex presidente, tiene en Estados Unidos, de acuerdo a registros
oficiales, señaló la cadena.
La
demanda de los indígenas, que se dijeron víctimas de la matanza en Acteal, en
la que un grupo paramilitar asesinó a 45 personas, demandaba una indemnización
superior a 10 millones de dólares, pero fue desechada sin llegar a juicio ya
que el gobierno de Estados Unidos concedió inmunidad a Zedillo por considerar
que no podía ser responsable de un homicidio sólo porque ocurrió en el tiempo
en que fue presidente de la República.
La
demanda, que incluyó memorándums y comunicaciones oficiales, presuntamente
recopiladas por los indígenas víctimas de la masacre, señalaba que el ataque
formaba parte de una estrategia del gobierno para aplastar al movimiento
zapatista de Chiapas.
El
escrito de 53 páginas en el que se pide someter a juicio al ex presidente
indica que Zedillo conocía el plan para atacar la comunidad, habitada por bases
de apoyo zapatista, pero maniobró para ocultar a los culpables, lo que
constituyó una violación a leyes mexicanas a internacionales como la
Declaración universal de los derechos humanos y el artículo 3 de la Convención
de Ginebra, relativo a la protección que se debe dar a civiles en el marco de
un conflicto armado.
“El
acusado Zedillo sabía o debió saber que sus subordinados cometieron abusos
contra los derechos humanos y no previno los atentados ni sancionó a los
responsables”, dice la denuncia.
En
su respuesta, el ex presidente dijo que las acusaciones carecían de sustento y
eran falsas. “Cualquier persona que revise los hechos llegará a la conclusión
de que esto es una calumnia elaborada por motivos que ignoro”.
Los
abogados Pugliese y Kobert dijeron a Univision que no cobraron por el caso, el
primero de defensa de derechos humanos que tomaban ya que se especializan en
fusiones, bancarrotas y asuntos de migración en Miami.
