Dr. Silvino Vergara Nava
“El
orden legal no era merecedor de respeto
cuando
sus normas inflingían ofensas severas
sobre
la población, ni eran el resultado
de
un proceso en el que dicha comunidad
estuviera
involucrada.“
Roberto
Gargarella
Recientemente
se publicó un estudio llevado a cabo por diversos organismos a petición del
Instituto Nacional Electoral, (INE) –antes IFE- el cual resulta bastante
preocupante, ya que, entre otras cosas, se concluye que, el 66% considera que
no se cumple con las leyes en México. (La Jornada, martes 17 de junio de 2014) El
resultado confirma el problema que se tiene no solamente en el país, sino en
toda América Latina, -basta con recordar que en la Argentina, una vez que finalizó
la dictadura militar se publicó: “Un país al margen de la Ley” del profesor
Carlos Santiago Nino, que hace mención que el subdesarrollo se debe al incumplimiento
de las leyes y que se presenta sin justificación alguna, a lo que denomina:
“Anomia boba”- y que a diferencia de los Estados Europeos, -principalmente los
denominados Estados Sociales de Derecho: Alemania, Noruega, Suecia, Holanda,
Dinamarca- no se cumple con los ordenamientos, lo cual desde luego genera
muchas incógnitas, una de estas es conocer las razones por las cuales no se
cumple con las leyes, para ello habría que considerar, que un área del
conocimiento humano se dedica a este tipo de estudios, que es la sociología
jurídica, y en esta materia encontramos que existe la denominada: “filosofía de
la fidelidad al derecho”, esto es las
razones por las cuales se cumple con las leyes por parte de las personas, tanto
la población, como los funcionarios, jueces y servidores públicos.
Hoy,
después de la segunda guerra mundial, de las dictaduras militares, de tantos Estados
no democráticos, se sostiene en todo el mundo, con esas amargas experiencias e
incluso catastróficas -Se afirma rotundamente que los mayores genocidios se
cometen por los Gobiernos de los Estados totalitarios, incluso en mayor medida
que en relación con el número de muertes que se han presentado en las guerras (ZAFFARONI,
Eugenio Raúl, “La Palabra de los Muertos” Ediar, Buenos Aires, 2011)- que se
cumple con la ley, no porque las dicta la autoridad, -criterio de autoridad- ni
tampoco, por la posibilidad de la sanción ante su incumplimiento, -criterio de
la pena-, sino que se cumple idealmente con la norma por su contenido –criterio
de moralidad- es decir, porque las normas establecen lineamentos óptimos para
la sociedad, (en ASENSI, Felipe Dutra, GIOTTI, Daniel de Paula, “Tratado de
Direito Constitucional” Volume 1, Elsever, Sao Paulo, 2014, “A anomia do
pagamento de impostos e o fracasso da pena para exigir seu cumprimiento”
Vergara Nava, Silvino) ya que regulan la tutela, protección y promoción de los
derechos de las personas.
De
ser así, entonces, al arrojar estos resultados el análisis del INE: ¿Cómo se va
a incumplir aquello que es benéfico para la sociedad? Es evidente que esto no
sucedería, si las normas jurídicas fueran sencillas en su aplicación, y por su
parte, tuvieran como razón de ser tantas leyes que se crean el beneficio a la
sociedad, ante esta realidad del incumplimiento de las leyes, se puede llegar a
una conclusión contundente: el Estado no esta cumpliendo con sus propósitos, o más
claro, los propósitos del Estado y de la población, son totalmente opuestos, pues
de considerarse que no se cumple con la ley por parte de la población, se debe
a que no existen las razones suficientes como para que se cumpla con éstas, pues
los propósitos de estas es evidente que, no generan beneficio alguno a los gobernados,
léase las reformas energética, electoral, laboral, fiscal, procesal mercantil,
y ley anti lavado, por citar algunas. Con estos resultados, indudablemente el
legislador puede representar todo, menos a los electores, el Poder Judicial desafortunadamente
llega demasiado tarde a determinar la inconstitucionalidad de las normas
contrarias a derecho, -y no de todas- pues espera a que los daños estén
materializados, y en muchas de las ocasiones hasta con daños irreparables y por
último, el Ejecutivo, se ha vuelto el órgano de seguridad de las mega empresas
internacionales, y persecutor de las micro empresas locales.
Si
el estudio lo dirigió el INE, y no otra dependencia del Estado, se debe a que le
interesa conocer particularmente, que esta sucediendo con el ejercicio del
derecho al voto, pues es incuestionable que cada jornada electoral disminuye
considerablemente el número de electores que participan, así cualquiera se
pregunta: ¿Cuál es el interés de la población, sobre todo la más pobre y
necesitada, de acudir a votar? Ya que, por más que se impulse el derecho a
votar y los excesivos recursos a los partidos políticos, es evidente que no es
de interés de la sociedad cumplir con esa obligación jurídica, entonces, si no
se cumple con esta, ¿Por qué razón cumplir con las demás disposiciones?, es innegable
que el propio Estado debería saber que el mejor impulso al cumplimiento de la
ley, y de la participación en las elecciones, no es con el dispendió a los
partidos políticos o con más recursos al INE, ni expidiendo credenciales para
votar con más controles de seguridad, o cambiando los límites de los distritos
electorales, se impulsa el derecho electoral, bajo la premisa que: “Sin derechos sociales, los derechos políticos seguirán
siendo un sueño inalcanzable, una ficción inútil o una broma cruel... Si los
derechos sociales no están asegurados, los pobres y los indolentes no podrán
ejercer los derechos políticos que, en teoría, poseen…” (BAUMAN Zygmunt
“Tiempos líquidos”, Tus Quets, México, 2013)
ante esta realidad, ¿Sabrán los organismos públicos de esta realidad?, de ser
así, dolorosamente son los principales incumplidores de la ley.
