Dr. Silvino Vergara Nava
“Ahora el Estado está vendiendo
las
empresas públicas nacionales a
cambio de nada,
o peor que nada, porque el que
vende, paga.”
Eduardo Galeano.
Ante las noticias de la caída del
precio del petróleo, concretamente del barril de petróleo, (159 litros en cada
barril) principal ingreso del Estado mexicano, es evidente que afectara a la
actividad económica y, sobre todo, al desarrollo del país, por ende, la
disminución de proyectos de infraestructura, del gasto corriente del Estado, es
decir, sueldos, salarios y gastos, se verán severamente afectados. Aunado a que,
la reforma energética permitirá que “otros” los asignados –porque el articulo
27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos no permite que se
denomine: “concesión”- empresas que logren contar con las autorizaciones
suficientes para llevar a cabo las perforaciones en el territorio nacional para
la extracción del denominado: “oro negro“, serán los beneficiarios de la
recaudación petrolera en su momento, por ende, el Estado mexicano está
severamente afectado en su recaudación, por lo cual surge la pegunta: ¿Qué
hacer ante la disminución de los precios petroleros en el mundo? Existen muchas
soluciones, respuestas que no son el aumento de contribuciones, sobre todo de
los impuestos al consumo, como es el Impuesto
al Valor Agregado o el Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, posiblemente no se tenga la
voluntad política de hacer uso de esas “otras” medidas, considerando que el
poder económico –el de las grandes corporaciones transnacionales- hoy esta
sobre el poder político de los Estados, y presiona para que se implementen
políticas publicas a su modo, y no al modo de los Estados – Nación.
Una solución que bien funcionaría
por medio de un decreto del que tiene facultades plenas el Presidente de
México, -articulo 39 del Código Fiscal de la Federación- es realizar un
programa de repatriación de capitales, es decir, permitir que aquellos
mexicanos que llevaron su dinero fuera de territorio nacional, y que ahora se
encuentra en países de baja imposición fiscal, como son las pequeñas islas del
caribe, -protectorados de Gran Bretaña, uno de los principales persecutores,
paradójicamente, del lavado de dinero- hoy no lo pueden invertir en México para
proyectos productivos, pues representa ese regreso a territorio nacional de
esos capitales el gravamen del Impuesto Sobre la Renta, por tanto, dicho dinero
–efectivo a saber: dólares o euros- se encuentra en los bancos de esos micro
países generando intereses para “ellos” y no para “nosotros”, no se puede
ocupar en inversiones mexicanas debido a esa consecuencia impositiva, por ende,
si se permitiera por medio de un programa de repatriación de capitales que se
realizara con el pago de una cuota fija atendiendo a los montos, permitiría que
se estimulara el regreso de ese dinero que bien hace falta en territorio
nacional, hoy más que nunca por la baja del precio del barril de petróleo, y de
las remesas. Es evidente que, mucho de ese dinero proviene de la corrupción,
sin embargo, esos montos que han de ser excesivos están beneficiando a otros,
desde luego, ni a los mismos propietarios de ese dinero.
La gran limitante para éstas
medidas es el poder económico, que no tiene interés en aplicar estas soluciones
para los Estados, lo que requiere es que, el dinero este concentrado en pocos
lugares y desde luego, en pocas manos, esa política global de la que habla
Daniel Estulín que denomina: “Hacía una sociedad sin dinero en efectivo” hoy,
es una realidad. Bien sentenciaba Salvador Allende -21 de diciembre de 1970- en
su discurso de la reforma constitucional chilena para nacionalizar la industria
minera: “Conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica
de nuestra patria”. Pero, la duda es: ¿Estarán los gobiernos de América latina
preparados para ello?
