El presidente Enrique Peña Nieto
presentó ayer en Los Pinos la publicación de la Ley General de Víctimas en el
Diario Oficial de la Federación. Habló de México como un país lastimado por la
delincuencia y donde miles de personas han padecido los estragos de la violencia.
El Estado –subrayó–, no puede
tener oídos sordos a las voces de la sociedad, pues la dignidad de una nación
se refleja en la forma en que trata a las víctimas del delito y persigue a
quienes han infringido la ley. Con el nuevo ordenamiento se avanza en la
construcción de una sociedad de pleno respeto a la integridad del ser humano,
sensible y solidaria ante el dolor de un semejante.
En el salón López Mateos, donde
estuvieron presentes varias decenas de personas agraviadas por la pérdida o
desaparición de sus seres amados, como producto de la violencia de los últimos
años en el país, el poeta Javier Sicilia, dirigente del Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad, celebró en un discurso la expedición del ordenamiento.
Reconocemos este gesto; lo saludamos,
lo abrazamos, lo celebramos como un consuelo y una esperanza que nos llega en
medio de la noche, como un primer paso hacia la justicia y la paz que necesita
la nación, y como un gran y profundo gesto democrático.
Asimismo, pidió crear el monumento
en memoria de las víctimas de la violencia en México, porque no habrá justicia
suficiente para aquellas si no recuperamos su memoria, sus nombres, sus
historias, su presencia entre nosotros. También se pronunció por una ley de
seguridad humana y ciudadana, y al concluir su discurso apuntó: opino que hay
que respetar los acuerdos de San Andrés.
En un reclamo secundado de
inmediato por Peña Nieto, el poeta Sicilia pidió la creación de un sistema
nacional de atención a víctimas, por medio del cual no sólo se haga justicia a
los asesinados y a los violentados en su dignidad, sino también la vuelta a
casa de los desaparecidos.
Una nación democrática y que se
respeta –señaló– no puede aceptar no saber dónde se encuentran más de 20 mil
hijos suyos ni puede aceptar que otros tantos de sus hijos sean arrojados, sin
identificar, a la fosa común.
A lo largo de la ceremonia y
desde distintos puntos de la sillería instalada para los asistentes, se
levantaban familiares mostrando los retratos de algunas de las víctimas, en su
exigencia de justicia.
Y hubo también otros convocados
para atestiguar la publicación de esta nueva ley, como el rector de la UNAM,
José Narro; el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira; el presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, y los líderes del
PRI y del PRD, César Camacho y Jesús Zambrano, respectivamente, así como
legisladores y titulares de organizaciones de la sociedad civil defensoras de
las garantías individuales, como el Centro Fray Francisco de Vitoria, la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Servicios y
Asesoría para la Paz, el albergue Hermanos en el Camino, la red Todos los
Derechos para Todas y Todos y Fundar, entre otros.
Al mediodía, ya con el texto
impreso en el Diario Oficial de la Federación, el cual mostró a la
concurrencia, Peña Nieto ratificó su compromiso de no sólo retirar la
controversia a la Ley General de Víctimas interpuesta ante el Poder Judicial
por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, sino ponerla en vigor porque
favorece los derechos humanos, y porque además con ella el Estado aspira a
regresar esperanza y consuelo a las víctimas y a sus familiares.
El veto de la anterior
administración federal a dicha norma se interpuso ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación el primero de julio de 2012, con argumentos como que la
ley aprobada por el Congreso no marcaba las atribuciones de los estados y
municipios ni precisaba los montos para las indemnizaciones a las víctimas.
Esta vez, Peña Nieto –como en su
momento lo habían señalado el propio Javier Sicilia y el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong– convino en que se trata de una ley
perfectible, que aún debe mejorarse a partir del diálogo cercano y constructivo
con la sociedad civil y el Poder Legislativo.
Mientras tanto –resaltó–, en la
nueva ley se garantiza a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a
las del delito las prerrogativas consagradas en la Constitución y en los
tratados internacionales en la materia firmados por México; es además el inicio
de una red de protección del Estado en su favor e incorpora al sistema jurídico
un esquema de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes, para
promo- ver, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de
sus derechos.
Asimismo, detalló el contenido de
esta norma y dio a conocer las instancias que a través de la misma deberán
crearse para dar cumplimiento: un sistema nacional de víctimas; una comisión
ejecutiva de atención, como órgano vigilante y de control de la ley; una
asesoría jurídica federal de atención, un registro nacional de víctimas y un
fondo de ayuda de asistencia y reparación integral.
En el centro de la atención del Estado y la sociedad
Definió lo anterior como un
sistema jurídico innovador que pone a la persona, su dignidad humana y sus
derechos inalienables en el centro de atención del Estado y de la sociedad.
Es una respuesta –afirmó– para
quienes han padecido los estragos de la violencia y para los miles de personas
que han perdido a sus seres queridos.
Un Estado democrático debe
escuchar todas las voces y ser sensible y humano en su trato, dijo. Ofreció
entonces estar invariablemente al lado de las víctimas y poner a su gobierno al
servicio de los que más lo necesitan, de los que más sufren y de quienes han
quedado al margen de la justicia y de la garantía plena de los derechos que
prevé la Constitución.
Ofreció para ello un oído que
escuche y un brazo que apoye, así como mecanismos de comunicación permanentes
con las organizaciones defensoras de los derechos humanos y acreditar que más
allá de la retórica, del discurso, su gobierno estará invariablemente cerca de
las víctimas.
Como introducción a la ceremonia,
Osorio Chong había dicho que las víctimas de los delitos no son cifras, sino
historias de dolor, familias agraviadas y vidas rotas por la violencia y el
crimen.
Dijo que al publicar la Ley
General de Víctimas se resarce una deuda con quienes fueron presa de la
violencia o de la mala actuación de la autoridad y sufrieron violación de sus
derechos.
Ofreció que este gobierno
generará las herramientas necesarias para construir un México en paz. Admitió
que la dinámica del fenómeno delictivo derivó en resolver el problema de las
víctimas, pues muchas veces éstas y sus familias sufrían doble, porque a su
demanda de justicia se sumaba la descalificación, la deshumanización y el
maltrato. Reconoció entonces que fueron las organizaciones de la sociedad las
que hicieron irrenunciable la solución del problema.
Con información de Rosa Elvira
Vargas
La Jornada
