La dirigencia
nacional del PRI anunció que puso en marcha un proceso para suspender de
inmediato la militancia del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington
Ruvalcaba, acusado en Estados Unidos de haber recibido millones de dólares por
sobornos del narcotráfico. “El PRI no solapa, bajo ningún concepto,
impunidades”, expuso en un comunicado.
El Departamento de
Justicia estadunidense presentó ante cortes en San Antonio y Corpus Christi,
Texas, dos demandas de confiscación de bienes del ex gobernador, contra quien no
se ha iniciado aún un proceso penal y del que tampoco se conoce con precisión
su paradero.
La PGR reactivó la
alerta de ubicación y localización de Yarrington y otras 31 personas a las que
se les investiga por presuntos nexos con el narcotráfico.
La investigación
contra el ex mandatario tamaulipeco desató una serie de descalificaciones entre
los candidatos presidenciales del PRI, Enrique Peña Nieto, y del PAN, Josefina
Vázquez Mota, como no había ocurrido desde el inicio de las campañas.
El PRI ordena expulsar a Yarrington
La dirigencia
nacional del PRI sugirió al ex gobernador del estado de Tamaulipas Tomás
Yarrington cooperar con las autoridades
de Estados Unidos que lo acusan de ser propietario de bienes inmuebles
adquiridos con dinero del narcotráfico, y anunció la puesta en marcha de un proceso para la suspensión de
su militancia al PRI.
“El PRI no solapa,
bajo ningún concepto, impunidades. Donde se compruebe que ha habido faltas a la
ley, ésta debe aplicarse con todo rigor”, señala un comunicado de la dirigencia
nacional de ese partido.
En el boletín de
prensa —emitido horas después de conocerse la vinculación de Yarrington con el
narcotráfico—, el PRI señaló que ante la acusación civil presentada por la
fiscalía de Texas en contra del tamaulipeco respecto del presunto origen
ilícito de propiedades en Estados Unidos, “el PRI reitera ante la opinión
pública su posición en el sentido que el señor Yarrington debe afrontar su
responsabilidad individual ante la justicia del país que lo acusa”.
De acuerdo con el
comunicado priista, la dirigencia nacional exhorta a Yarrington para que
coopere plenamente con las autoridades competentes a fin de que se esclarezcan
los hechos que se imputan.
En el comunicado
señala que Pedro Joaquín Coldwell, “presidente del Comité Ejecutivo Nacional ha
solicitado a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que sesione a la
brevedad a efecto de proceder, de conformidad con los Estatutos y los
reglamentos partidarios, a la suspensión inmediata de la militancia del señor Yarrington,
en tanto la Corte que lo juzga determina de manera definitiva su situación
jurídica”.
Al respecto, Eduardo
Sánchez, vocero del PRI, aseguró que su partido no obstaculizará a la justicia
en el caso del ex gobernador de Tamaulipas.
“Cualquier ciudadano
que tenga una acusación pendiente con la justicia, sea militante o no de algún
partido político, tiene que enfrentarla
a través de los cauces que la ley marca”, dijo el portavoz en entrevista con
Francisco Zea, para Grupo Imagen Multimedia.
“En el caso de los
militantes del PRI, nuestro partido nunca será un obstáculo para que la
justicia se aplique en un sentido o en otro, respecto de cualquier persona”,
enfatizó.
Eduardo Sánchez
afirmó que el ex gobernador está en su derecho de defenderse a través de los
medios que las leyes pongan a su alcance.
Al preguntarle si el
caso Yarrington podría afectar negativamente la campaña del candidato a la
presidencia de la coalición compromiso por México, Sánchez aseveró que no,
porque el ex gobernador no tenía ninguna labor en el equipo de Peña Nieto.
El abogado del ex
gobernador de Tamaulipas dijo ayer que su defendido podría estar siendo víctima
de una persecución política tras la demanda civil presentada contra el político
mexicano en el estado de Texas.
La justicia federal
estadunidense presentó ayer en San Antonio y Corpus Christi (Texas) dos
demandas de confiscación de bienes supuestamente de Yarrington, al hacerle
partícipe de una red de lavado de dinero.
Joel Androphy, el
abogado de Houston que representa a Yarrington, negó las acusaciones y recordó
que no hay cargos presentados contra él y que la demanda “es un simple papel
sin sustancia”.
“Puede que haya algo
político detrás de esto, no descartó que sean enemigos políticos. Hay mucha
gente presionada que dice cosas que no son verdad y lo utilizan para negociar a
su favor”, indicó.
PGR reactiva alerta de localización
La Procuraduría
General de la República (PGR) reactivó la alerta de ubicación y localización
para el ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington y 31 personas más, a los que
se les investiga por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada,
incluyendo a integrantes de su familia, confirmaron funcionarios de la
dependencia federal.
A pesar de la alerta
que mantiene la PGR en aeropuertos y aduanas del país para que se informe de la
salida y llegada del ex gobernador de Tamaulipas y miembros de su equipo y
familia, la institución no cuenta con ninguna orden de aprehensión, debido a
que no ha consignado ante un juez de investigaciones la averiguación previa que
inició en contra de Yarrington y otros dos ex mandatarios de esa entidad.
La PGR continúa con
las investigaciones sobre la presunta relación de Tomás Yarrington, Manuel
Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores con el cártel del Golfo, y con Los
Zetas, tras la fractura de la organización criminal en 2010.
Las investigaciones
sobre los tres ex mandatarios se iniciaron en junio de 2010, tras la muerte del
candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, aunque
entre 2003 y 2005 se iniciaron tres averiguaciones previas sólo contra
Yarrington Ruvalcaba, luego de la detención del líder del cártel del Golfo,
Osiel Cárdenas Guillén.
Las averiguaciones
previas iniciadas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO) entre 2003 y 2005 fueron enviadas a la Reserva.
A principios de año
se filtró a medios de comunicación la investigación que realizaba la PGR contra
los ex mandatarios tamaulipecos, luego de darse a conocer una alerta migratoria
que se había solicitado por parte de la dependencia federal a las aduanas y
aeropuertos del país.
Según las fuentes
consultadas, actualmente existen dos investigaciones por delincuencia
organizada y lavado de dinero en contra de los tres ex mandatarios, las cuales
están en fase de investigación y no de consignación.
Además de los tres
ex mandatarios, la PGR actualmente investiga a Ricardo Gamundi Rosas, ex dirigente
estatal del PRI; Alfonso Salazar Arzola, ex director general de Turismo y
Asuntos Internacionales; Fernando Tomás Cayuela Villarreal, ex procurador;
Alfredo Sandoval Musi, ex subsecretario de Egresos; Ramiro Rodríguez Cavazos,
colaborador de Yarrington; Carlos Montiel Saeb, ex diputado local, y Daniel
Sampayo Sánchez.
El caso del ex gobernador abre guerra Peña-Josefina
El priista sostiene
que es “lamentable” el papel de la candidata y su “campaña sucia”; la panista
acusa de misógino al mexiquense
La investigación
abierta en Estados Unidos contra el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás
Yarrington provocó que los candidatos del PRI y del PAN a la Presidencia de la
República se descalificaran de una manera frontal, como no había ocurrido desde
el inicio de las campañas, hace dos meses.
El abanderado
priista, Enrique Peña Nieto, dijo que es “lamentable” que en su condición de
mujer, la panista recurra a la campaña sucia sin que le reditúe en las
preferencias electorales.
Minutos después,
Vázquez Mota envió un video a su contrincante del PRI, en el que señala que
Peña Nieto hizo “comentarios misóginos respecto de mi persona”, comenta que no
necesita “ninguna concesión de su parte” y le exige “respeto como mujer y como
su par en la contienda”.
El primero en
abordar el caso de Yarrington fue Peña Nieto, quien señaló que “el partido con
toda claridad ha señalado que en este y cualquier otro caso se debe aplicar la
justicia, se debe aplicar la ley. Marca evidentemente un deslinde y deja muy
claro que cada actor político del partido político que sea son responsables de
sus propios actos. ”.
Este tema sirvió al
candidato priista para apuntar que la “campaña sucia” en su contra,
aprovechándose de figuras públicas polémicas (como Yarrington; Humberto
Moreira, ex gobernador de Coahuila, o Carlos Salinas) “no le ha redituado en
nada” a quien presuntamente la sustenta, Vázquez Mota. Tan es así que la
panista ya va en tercer lugar en las encuestas, dijo.
“Es claro que hay
una disputa por el segundo lugar entre dos de mis competidores. Y en las
últimas tendencias, ustedes las conocen, ha habido un aparente repunte de quien
iba en tercer lugar y una caída de la candidata.
“Por eso señalo que
estas campañas marcadas de mentiras y de agresiones y de información
manipulada, no le han redituado absolutamente en nada. Y qué lamentable papel
le han dejado a quien es candidata y en condición de mujer, de hacer una
campaña sucia. Me parece que claramente no ha redituado absolutamente (en)
nada”, ratificó.
En respuesta, ya por
la noche, Vázquez Mota grabó un video en el que señala que “el candidato Peña
Nieto se ha referido a mí desestimando nuestra campaña y mi condición de mujer.
Es la única manera que ha encontrado de atacarme. Creo que se equivoca”.
Rodeada de 26
colaboradoras de la casa de campaña, con los rostros serios, detonando enojo,
la ex titular de la SEP se dirige al ex gobernador mexiquense, quien por la
tarde declaró que la panista ha tenido un desempeño desastroso en la contienda.
En la grabación de
un minuto 32 segundos, Vázquez Mota argumenta que “lo que hemos visto en estos
últimos días ha salido de las fuerzas del
PRI”.
Se refiere a
imágenes e información de “innumerables vuelos privados para el placer del
candidato del PRI y su partido” y al caso del ex gobernador de Tamaulipas.
Niegan que haya sido aprehendido
Autoridades
federales en Texas informaron que el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás
Yarrington Ruvalcaba, no ha sido acusado o detenido por la justicia federal
estadunidense.
“No lo tenemos bajo
custodia federal y no está acusado”, dijo la vocera de la Oficina del
procurador federal para el sureste de Texas, Angela Dodge.
Minutos antes de que
las autoridades de Texas desmintieran la supuesta detención de Yarrington, en
su cuenta de Twitter @tomasyarrington, el propio ex gobernador publicó que: “No
he sido detenido. No enfrento ningún cargo criminal en Estados Unidos. Estoy
muy tranquilo”.
Al respecto, el
abogado de Yarrington, Joel Androphy, dijo que su cliente no es dueño de las
propiedades en cuestión y es inocente de las acusaciones.
“Obviamente la gente
puede decir cosas desesperadas y, obviamente, hay gente que utiliza el nombre
del señor Yarrington para su propio beneficio, pero no es verdad”, dijo Androphy.
El abogado afirmó
que no podía comentar sobre la ubicación de Yarrington ni sobre las supuestas
prohibiciones de movimiento, esto ante las versiones de que el ex gobernador
tenía una restricción de viaje que le impedía salir de Texas mientras se
realizan las investigaciones.
Fiscales federales
interpusieron el martes pasado un par de demandas civiles para incautar
propiedades del ex gobernador por presunto uso de prestanombres para adquirir
propiedades con dinero que habría recibido como sobornos de grupos del
narcotráfico, en concreto del cártel del Golfo.
Un comunicado
emitido ayer por la Oficina del Departamento de Justicia en el sureste de Texas
señala al empresario Fernando Alejandro Cano Martínez, de 55 años, originario
de Ciudad Victoria, Tamaulipas, acusado de lavar dinero desde 1998, como uno de
los principales colaboradores de Yarrington.
En las demandas ante
cortes de San Antonio y Corpus Christi, las autoridades argumentan que siendo
gobernador entre 1999 y 2005, Yarrington participó en una variedad de
actividades delictivas.
En la denuncia se
alega que Yarrington utilizó recursos ilícitos para comprar un condominio
ubicado en South Padre Island con un valor de 450 mil dólares. En San Antonio,
la Oficina del Procurador de EU presentó una acción civil contra una propiedad,
adquirida en 2006 por aproximadamente 6.6 millones de dólares.
La investigación
contra Yarrington y sus colaboradores abarcó las ciudades de Brownsville, San
Antonio, Houston y Corpus Christi. Las pesquisas fueron realizadas por la DEA,
Seguridad Interna y el Departamento de Justicia, en colaboración con las autoridades
mexicanas a través del Tratado de Asistencia Mutua.
La portavoz del
Departamento de Estado, Victoria Nuland, recordó que el caso contra el ex
gobernador “es un asunto para los tribunales y por tanto no vamos a debatirlo
aquí”.
“Pero rechazo
categóricamente cualquier acusación de interferencia en la política de México.
Queremos ver en México lo mismo que queremos ver en todos los casos de
elecciones democráticas: un proceso libre, justo y transparente”, señaló
Nuland.
