La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) censuró al Estado mexicano por no
tomar las medidas de protección necesarias para garantizar el trabajo a favor
de los migrantes que realiza el
sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, quien desde el pasado miércoles 16
se vio obligado a salir del país.
En un comunicado, la
CIDH condenó la salida de Solalinde, quien desde el 23 de abril de 2010
–agregó– cuenta con medidas cautelares ordenadas por ese órgano de la OEA,
“pero no fue protegido de manera efectiva por el Estado”.
Las medidas también
fueron otorgadas para proteger la vida e integridad de David Álvarez, Areli
Palomo, Mario Calderón y Norma Araceli Doblado, colaboradores del sacerdote
fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca.
Todos ellos habían sido
objeto de intimidación, y el padre Solalinde “encañonado por policías federales
al concurrir a la Fiscalía del estado de Oaxaca en el contexto de
investigaciones iniciadas por el presunto asesinato de tres migrantes”, recordó
la CIDH.
Tras considerar de “suma
gravedad” el que no se le haya brindado al sacerdote las medidas de protección
necesarias, pese a contar con medidas cautelares y pese a las amenazas que
había en su contra, la CIDH demandó al Estado mexicano investigar “de oficio
estas amenazas y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”.
Añadió: “La CIDH urge al
Estado de México a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para
que el padre Alejandro Solalinde pueda regresar al país y continuar
desarrollando sus tareas de defensa de los derechos de los migrantes de manera
segura”, así como garantizar la vida de los indocumentados en tránsito por
México.
En el documento, la CIDH
retomó comentarios del relator del organismo sobre Derechos de Migrantes,
Felipe González, tras su visita de trabajo en México, entre julio y agosto del
año pasado.
Señaló que González
visitó el albergue del padre Solalinde y “tuvo oportunidad de ver la labor
central” del sacerdote y sus colaboradores a favor de miles de migrantes, a
pesar de las constantes amenazas bajo las que trabajaban.
Para el relator, el
recrudecimiento de las amenazas que obligaron a Solalinde a salir –seis en los
últimos dos meses– “tiene un impacto directo en la protección de los derechos
de los migrantes que llegan a este albergue, así como también un efecto
amedrentador sobre otros y otras defensores de los derechos humanos de los
migrantes en México”.
En el informe preliminar
de la Relatoría de la CIDH sobre Derechos de los Migrantes se destacó “la
importante labor que realizan organizaciones de la sociedad civil y personas
individuales al proveer albergue, alimentos, agua potable y otros servicios a
los migrantes que transitan por el territorio mexicano”.
Los albergues proveen
seguridad, alimentación e información a miles de personas que transita todos
los años por México. Estas personas y
organizaciones cumplen una función social de gran valor, donde el Estado ha
estado ausente durante muchos años,
señaló.
El documento de la
relatoría entregado al Estado mexicano, al concluir la visita, pidió
“garantizar condiciones de seguridad
para las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes”.
Desde el pasado
miércoles 16, el padre Solalinde salió del país rumbo a Estados Unidos y
después a Europa, como parte de un “retiro estratégico”. El sacerdote dio un
plazo de dos meses para que las autoridades competentes identifiquen y procesen
a los responsables de las amenazas contra él y su equipo de trabajo.
Antes de salir del país,
como una recomendación que recibió tanto de organizaciones no gubernamentales
como de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Solalinde advirtió que él
regresará a México antes del plazo si alguno de sus colaboradores o el albergue
es atacado.
Con información
de Sin embargo.com.mx
