Las procuradurías de justicia de todas las entidades del país
rechazaron, por no ser confiables, violar los derechos humanos y estigmatizar a
las víctimas, las bases de datos que elaboró la Presidencia de la República
junto con la Procuraduría General de la República (PGR), en las que el gobierno
de Felipe Calderón contabilizó más de 47 mil homicidios, presuntamente
relacionados con rivalidad delincuencial, cometidos entre diciembre de 2006 y
septiembre de 2011.
Los procuradores y fiscales revelaron que el gobierno federal
manipuló las cifras, sin precisar el número exacto de decesos de personas que
fueron ejecutadas, sin pertenecer a grupos criminales o por participar en
ellos, ni tampoco en aquellos casos de fallecidos por balas disparadas durante
enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes.
Al término de la 27 Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia y durante una rueda de prensa, se evidenció que además de la mala
integración de las bases de datos oficiales (la primera de ellas de diciembre
de 2006 a diciembre de 2010 la dio a conocer el actual secretario de
Gobernación, Alejandro Poiré; la segunda, de enero a septiembre de 2011, la
elaboró la PGR), se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda no ha
entregado, desde 2010, ningún recurso para que los gobiernos estatales combatan
el narcomenudeo, pese al compromiso del gobierno federal.
La titular de la PGR, Marisela Morales, dio a conocer los logros
del encuentro: enviar un exhorto al Congreso de la Unión para que abra un
periodo extraordinario de sesiones para aprobar las reformas de la ley de
amparo y el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, estrategias para
combatir el tráfico de billetes falsos de 50 pesos, la capacitación de personal
ministerial y policial, brindar mejor atención a víctimas del delito, y
decomisar cada vez más artículos piratas.
El subprocurador de Derechos Humanos, Miguel Ontiveros Alonso,
reconoció que la nueva base de datos de los homicidios relacionados con grupos
criminales busca tener una cifra certera, con metodología certera, porque igual
que los casos de desaparecidos en el país, agregó, se habla de cifras de la
procuraduría, otras de las procuradurías locales, o de la Secretaría de
Seguridad Pública, otras de las comisiones de Derechos Humanos y también de las
ONG.
Señaló que en las nuevas bases de datos de homicidios y
desaparecidos, que supuestamente se darán a conocer el próximo 15 de junio, ya
no se mencionará que la información corresponde a homicidios cometidos
presuntamente por rivalidad delincuencial, sino sólo homicidios dolosos como
–se le mencionó– lo establecen los códigos del fuero común, y tampoco se calificará
la situación o actividad de las víctimas.
Para no dar a conocer las estadísticas que ahora posee el
gobierno federal de homicidios y personas desaparecidas por el crimen
organizado, pidió esperar a que se haga pública dicha base de datos, pero el
procurador de Campeche, Renato Sales Heredia, reveló:
“Se homologa (el acuerdo) para que se entienda que son datos de
homicidios dolosos, porque (antes) se pedía a las procuradurías de los estados:
‘envíame cuántos homicidios tienes por rivalidad delincuencial; tienes 10
homicidios dolosos y, a ver, a mí me parece que estos tres son por rivalidad
delincuencial’, y luego resultaba que te decían no, ese otro también es por
rivalidad delincuencial.
Tu mandabas tres y te ponían cinco, ¿y esos otros dos?, no si este
fulanito lo mató porque se peleó con un amigo, lo otro nada tiene que ver.
Entonces se dijo que hay que homologar.
Luego coincidió con el subprocurador Ontiveros de que es
necesario quitar el título de homicidios cometidos por presunta rivalidad
delincuencial porque con ello se da una connotación equivocada a las víctimas.
Finalmente, los procuradores buscarán que las autoridades
locales y federales obliguen a los negocios prendarios (casas de empeño) que
exijan a los pignorantes (empeñantes), datos precisos de su identidad, que
acrediten la propiedad de los objetos a empeñar, para limitar la posibilidad de
que sea un objeto robado y por ello los delincuentes obtengan dinero.
Con información
de: Gustavo Castillo y David Carrizales. La
Jornada
