El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás
Yarrington, aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del
narcotráfico e invirtió el dinero en bienes raíces en Texas, según los fiscales
federales en dos solicitudes de confiscación de propiedades que fueron
presentadas ayer.
No se ha
presentado todavía ningún cargo penal a Yarrington, quien fue gobernador entre
1999 y 2004 y precandidato presidencial del PRI en 2005, pero las medidas
presentadas ante el fuero civil afirman que cuando fue funcionario público,
recibió “millones de dólares en pagos” de los cárteles de la droga “y de varios
esquemas de extorsión o soborno”.
En ese entonces,
Yarrington utilizó a varios testaferros y negocios para “convertirse en un gran
inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero”,
según los documentos interpuestos en Corpus Christi. El otro caso de
confiscación fue presentado en San Antonio.
Las autoridades
estadounidenses intentan decomisar un condominio en la isla South Padre y una
propiedad de 18.6 hectáreas en San Antonio.
Un abogado de
Yarrington en Houston dijo que estaba revisando los documentos que fueron
divulgados ayer por la noche. Declinó pronunciarse de inmediato sobre los
casos.
Yarrington fue
también alcalde de Matamoros, la ciudad fronteriza con Brownsville, Texas,
entre 1992 y 1995. Matamoros ha sido el centro de operaciones del Cártel del
Golfo.
Según el caso
presentado en Corpus Christi, Yarrington recurrió a un empresario mexicano que
fue contratista para la alcaldía de Matamoros para que fuese el comprador
oficial del condominio de 450 mil dólares en South Padre en 1998. La propiedad
fue puesta a nombre de esa persona para evitar la detección de la Policía,
según los fiscales.
Yarrington
recurrió a sus ingresos ilícitos con los narcotraficantes para liquidar
totalmente el condominio, el cual ha utilizado desde 1998, de acuerdo con el
caso de confiscación.
En cuanto a los
documentos presentados en la solicitud de San Antonio, los detalles de la
transacción permanecen fuera de la vista pública, pero un comunicado del
Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que la propiedad también habría
sido obtenida por Yarrington y otros mediante “fondos ilícitos”.
Los fiscales
federales también difundieron la acusación contra un empresario mexicano,
Fernando Alejandro Cano Martínez, que supuestamente recibió dinero del Cártel
del Golfo para sobornar a funcionarios de Tamaulipas a fin de garantizar un
mínimo de interferencia policial en las actividades del cártel.
